Antes de reformar las leyes secundarias o reglamentarias es necesario retomar el debate de una nueva reforma constitucional en materia de pueblos y cultura indígena. “Porque no se quieren parches ni remiendos a la ley”, afirmó el diputado Javier Manzano Salazar (PRD), presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas.

Durante la inauguración del Taller de Capacitación para líderes Indígenas para dar seguimiento a la Resolución GB 289/17/3 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el legislador señaló que las organizaciones y representantes de las comunidades étnicas del país reclaman una solución de fondo al problema.

De ahí que se pronunciara porque en la LX Legislatura se creen las condiciones para reabrir el debate, posibilitar una nueva reforma al artículo 2 de la Constitución y “se retome ese compromiso del Estado mexicano”.

Consideró que la conformación del Congreso para la siguiente Legislatura, establecerá las condiciones para la llamada “contrarreforma”. No obstante, dijo que es necesario impulsar otras modificaciones legales en beneficio de este sector.

Señaló que las llamadas reformas estructurales, incluida la electoral y la del Estado, deben realizarse sin dejar de lado el aspecto indígena.

En ese sentido, dijo que existen 28 distritos indígenas reconocidos por el Instituto Federal Electoral (IFE), sin embargo, “de nada sirven si postulan candidatos mestizos” y agregó que es necesario garantizar la representación plena los representantes indígenas en el Congreso de la Unión.

Mencionó que la reforma constitucional de 2001 no fue aceptada por organizaciones indígenas del país debido a que no resuelve de fondo la situación de sus derechos al territorio, autonomía, libre determinación, uso y disfrute de los recursos naturales.

Esto, explicó el diputado de Guerrero, contradice al Convenio 169 de la OIT por parte del gobierno mexicano, “porque no es obligatorio para los Estados nacionales”, por ello, indicó que los gobiernos deben mostrar su voluntad para aplicar este convenio.

Enseguida, Xóchitl Gálvez Ruiz, titular de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, señaló que la resolución de la OIT es anterior a la reforma de 2001, y desde entonces se ha beneficiado al sector indígena del país, “aunque el balance esté lejos de ser favorable”, explicó.

Añadió que, en su momento, “tendrá que abrirse el debate sobre la reforma constitucional inconclusa y sobre temas que no han sido abordados: territorio, consentimiento previo libre informado, el reconocimiento plenamente de la autonomía y la libre determinación”.

Señaló que se debe trabajar en esos temas durante los trabajos de este taller y reflexionar sobre cómo se da la resolución en 1999 y quizá pedirle a la OIT que le dé seguimiento para analizar qué ha pasado en estos siete años.

En su oportunidad, Jane Werngreen, de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, explicó que el citado convenio cuenta con reglas sobre la libre determinación, autogobierno, derecho a la consulta, a la participación y respeto a los usos y costumbres de los pueblos indígenas.

Además, cuenta con disposiciones en cuanto al derecho de los pueblos indígenas sobre la tierra y recursos naturales; a sus derechos económicos, sociales y culturales.

Explicó que el relator especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, Rodolfo Stavenhagen, en su informe para México, recomienda la aplicación del convenio en toda la legislación e instancia relacionada con los derechos de estas comunidades y capacitar a funcionarios federales y estatales, organismos de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil; además de que la legislación federal y estatal se ajuste a estas disposiciones.

Manifestó el interés de esta representación de las Naciones Unidas en promover y proteger los derechos humanos de las comunidades étnicas del país y que se han implementado varias líneas de trabajo para cumplir con las recomendaciones mencionadas.