El daño patrimonial ocasionado a la hacienda pública por irregularidades detectadas en la adjudicación de contratos a la empresa Construcciones Prácticas S.A de C.V. asciende a 354 millones de pesos.

En estas presuntas irregularidades estarían involucradas autoridades del IPAB, la Secretaría de la Función Pública y Petróleos Mexicanos, y los hermanos Bribiesca Sahagún, además habrían incurrido en los delitos de fraude y tráfico de influencias, de acuerdo al informe final presentado por la Comisión Especial encargada de este caso.

El presidente de la Comisión encargada de verificar los contratos otorgados a la empresa Construcciones Prácticas S.A de C.V., Jesús González Schmal acusó al secretario ejecutivo del IPAB, Mario Beauregard, de otorgar a la empresa los bienes de Bancrecer a un valor irrisorio respecto a su valor real.

También responsabilizó al director de PEMEX-Refinación, Juan Bueno Torio, de haber adjudicado de manera directa contratos de la empresa a familiares, y el secretario de la Función Pública, Eduardo Romero Ramos, por omisión en dicho proceso.

Además, explicó que la información solicitada al instituto y la dependencia fue entregada a destiempo, incompleta, de manera sesgada y omisa. Precisó que el IPAB argumentó que las irregularidades detectadas en la operación para la transacción de Bancrecer al instituto, fueron “hechos atípicos” y no delitos.

También, dijo que en las investigaciones hubo obstrucción por parte de la Procuraduría General de la República y la Auditoría Superior de la Federación, que en la cuenta pública de 2004 registró un pago de Jorge Bribiesca Sahagún a una subasta asignada a Construcciones Prácticas, pero no analiza la operación conforme a las bases de licitaciones del IPAB.

Precisó que este último caso acudirán al Colegio de Contadores Públicos para saber si las observaciones de la ASF fueron mínimas o se trata de un delito.

Por otra parte, González Schmal informó que el próximo mes elaborarán un informe final que incluirá el archivo y acervo documental de la investigación sobre el tráfico de influencias de los hermanos Bribiesca Sahagún, que presentarán a la Junta de Coordinación Política para que la próxima legislatura retome la investigación.

Por su parte, la diputada Sofía Castro Ríos explicó que el informe incluye las pruebas documentales, escrituras públicas, testimonios y comparecencias, así como cuatro denuncias presentadas ante la Procuraduría General de la República.

Aclaró que todavía no concluyen las investigaciones, pues están pendientes las denuncias en contra de los directores del FOVISSSTE y del INFONAVIT. Argumentó que no se han podido armar por la madeja de complicidades en Construcciones Prácticas.

Por otra parte, los legisladores informaron que esta tarde presentarán un recurso de queja ante el órgano interno de Control de PEMEX Refinación, en contra del director de esta área, Juan Bueno Torio y el presidente del Consejo de Administración, por irregularidades en varios contratos otorgados a empresas.

Al respecto, Jesús González Schmal explicó que existe la presunción de que el contrato suscrito, en enero del 2005, por la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga (Canacar) y PEMEX, para la transportación de combustibles, fue adjudicado a discreción del director de PEMEX-Refinación, sin licitación alguna.

Precisó que el contrato por 10 mil millones de pesos tendrá vigencia hasta el 2010, por lo que el próximo Presidente estará atado al mismo.