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Diputados del PRI, PAN y PRD, integrantes de la Comisión de Seguridad Social, así como investigadores en la materia, coincidieron en que uno de los principales obstáculos para enfrentar el problema de seguridad social en nuestro país obedece a cuestiones de carácter financiero.

En el debate que se difunde en el programa semanal de televisión “Frente a las Cámaras”, los diputados reseñaron los logros de la Comisión de Seguridad Social e hicieron un exhorto a los próximos legisladores para que este tema sea uno de los puntos relevantes en la agenda de la LX Legislatura, ya que, afirmaron, existen temas pendientes que son de vital importancia para el país.

El presidente de la Comisión, Miguel Alonso Raya (PRD), explicó que todas las reformas tienen un costo financiero, por lo que recomendó una mayor flexibilidad en la discusión de este asunto, en donde participe el Estado para encontrar la fórmula que permita reformar todos los sistemas de seguridad social a fin de darles viabilidad financiera, económica y social.

El diputado expuso la complejidad de legislar en materia de seguridad social ya que, dijo, las reformas son un proceso en el que se deben de hacer los ajustes necesarios conforme a los cambios en la expectativa de vida y las circunstancias de la población.

En su intervención, Concepción Olivia Castañeda Ortiz (PRI), señaló que la aprobación o el rechazo de una iniciativa dentro de la Comisión se vio afectada por el tema de los recursos financieros, lo que provocó que no se lograran acuerdos para impulsar todas las iniciativas, debido a la diversidad de criterios en las posiciones de los grupos parlamentarios.

La legisladora admitió la necesidad de contar con el soporte presupuestal para aprobar una iniciativa, sin embargo, dijo, “no podemos ser legisladores basados en un recurso presupuestal y después hacer nuestro trabajo de carácter legislativo”.

Por su parte, Manuel Pérez Cárdenas (PAN), consideró que los problemas presupuestales son generados por la manera en cómo están financiados y fondeados los sistemas actuales de seguridad y reconoció que pese a las reformas en el sistema del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el sistema con el que cuenta el país no es suficiente.

“Hay un problema de recursos, existe un pasivo financiero con los sistemas de seguridad. Socialmente hablando hay un pasivo con aquella mitad de la población mexicana que apenas hasta hace poco tuvo acceso a sistema de seguridad social con el Seguro Popular”, refirió.

En este sentido, Javier Beristáin Iturbide, Director General de la Afore XXI distinguió dos pendientes por resolver dentro del sistema: un pasivo financiero reconocido y uno moral para integrar a millones de mexicanos que no cuentan con protección.

Por ello, urgió a los actores políticos a debatir en el tema de los recursos para enfrentar los pasivos y propuso dos alternativas: obtenerlos mediante aportaciones obligatorias o voluntarias de las personas que se están beneficiando con el servicio o mediante los impuestos de la población en general.

La Investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, Berenice Ramírez López, se pronunció por crear un modelo que establezca principios en términos de seguridad social, acorde a las necesidades reales del país y que considere la desigualdad económica y social del individuo.

Respecto a la reforma al Régimen de Jubilaciones y Pensiones, Pérez Cárdenas señaló que la necesidad de modificar la Ley del Seguro Social, se debió a que no se podía seguir vulnerando las cuotas que aportan los trabajadores hoy día para estar sosteniendo a un régimen que ha demostrado desde el punto de vista financiero ser cada vez más deficitario y que estaba costándole a los trabajadores en términos de calidad.

Entre los logros de la Comisión, Alonso Raya destacó la reforma al artículo 14 transitorio de la Ley del Seguro Social, que establece que las personas mayores de 60 años de edad tendrán asegurada una pensión de cuando menos el salario mínimo y las modificaciones a la Ley del Sistema de Ahorro para el Retiro, que permite el cambio de AFORE, si así conviene al trabajador.

Además, resaltó el aumento del presupuesto del 2005 para el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado en 733 millones de pesos y la reasignación al IMSS de 26 mil 500 millones de pesos para que pudiera cubrir parte de los problemas de infraestructura, equipamiento y plazas.

Los integrantes de la Comisión consideraron que el trabajo durante la LIX Legislatura tuvo una gran aportación en el desarrollo de la seguridad social y que la diversidad de reformas aprobadas serán de gran trascendencia para los trabajadores.

Entre los pendientes, los diputados mencionaron la incorporación de los trabajadores eventuales al régimen del Seguro Social, la revisión de la Ley del Trabajo para comisionistas y trabajadores domésticas.

Berenice Ramírez López advirtió que el reto para la próxima Legislatura consiste en la construcción de una seguridad social que sea equitativa, universal, que pueda ser sostenible financiera y socialmente e instrumentar políticas que permitan incorporar a los trabajadores del sector informal y a aquellos que no han logrado tener ningún acceso.