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La Secretaría de Relaciones Exteriores envió un comunicado al Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Álvaro Elías Loredo, a fin de asegurarle que a través de los canales diplomáticos conducentes se continuará trabajando con el gobierno, con el Poder Legislativo y con los sectores estadounidenses involucrados a través de un diálogo creativo y respetuoso, para concretar una reforma migratoria.

Lo anterior obedece a que el pasado 13 de febrero ante el pleno se aprobó un punto de acuerdo, para que la Secretaría de Relaciones Exteriores fijará su posición sobre las manifestaciones y acciones antiinmigrantes realizadas por algunos sectores de la sociedad estadounidense.

En la misiva, publicada hoy en la Gaceta Parlamentaria, se asegura que el gobierno de México reitera su compromiso de mejorar los niveles de vida de los mexicanos que radican en el exterior, a través de la protección y la promoción de los derechos humanos de nuestros connacionales

Además, se indica que gobierno federal, a través de la Secretaría de Relaciones exteriores se mantendrá atento al debate sobre la posibilidad de implementar un acuerdo migratorio entre México y Estados Unidos y “considera que sólo mediante el establecimiento de mecanismos que garanticen una migración ordenada, segura y legal, que brinden certeza jurídica a los connacionales que ya se encuentran en el país vecino, se alcanzará una solución integral de este asunto”.

“Es compromiso del gobierno de México encontrar mecanismos que brinden certeza jurídica a millones de mexicanos que día tras día realizan una muy importante contribución a la vida económica y social de Estados Unidos y de nuestro país”, indica el documento.

Además, establece que desde el inicio de la administración del Presidente Fox, el gobierno de México ha trabajado por el establecimiento de nuevos mecanismos que permitan que la migración entre México y Estados Unidos ocurra de manera legal, segura, ordenada y respetuosa de los derechos humanos.

En el texto, firmado por Perla Alvarado Chávez,
Directora de Vinculación con el Congreso y Encargada de la Dirección General de Coordinación Política de la SRE, se afirma que la viabilidad de una eventual reforma, y de un programa de trabajadores temporales, dependerá fundamentalmente de la posibilidad de construir opciones tanto para la regularización de la población que ya se encuentra en Estados Unidos como para los que en el futuro pudieran ir a ese país por razones de empleo.

En este contexto, se afirma que se mantendrán los contactos con el Ejecutivo, legisladores y los distintos actores relevantes en Estados Unidos, a través de los canales diplomáticos y políticos pertinentes, a fin de continuar proponiendo argumentos y planteamientos que repercutan de manera positiva en los niveles de vida de nuestros connacionales.

Asegura que como parte de una política permanente, la embajada de México en Washington y las representaciones consulares tienen instrucciones de velar por el respeto irrestricto de los derechos de nuestros nacionales.

Asimismo, se indica que durante la administración del Presidente Vicente Fox, el gobierno mexicano ha celebrado una serie de acuerdos con la finalidad de garantizar el respeto de los derechos de nuestros connacionales en Estados Unidos, sin importar su calidad migratoria.

Por ejemplo, en julio de 2004 la cancillería y el gobierno de Estados Unidos firmaron la declaración conjunta concerniente a las leyes y los reglamentos sobre los lugares de empleo aplicables a los trabajadores mexicanos en aquel país, así como los acuerdos sobre la protección de seguridad y salud laborales y las leyes y los reglamentos sobre salarios y horas aplicables a los trabajadores mexicanos.

De igual forma, ambos gobiernos establecieron la Iniciativa de Sociedad para la Asistencia Nutricional, con la finalidad de ampliar la participación de los connacionales en los programas nutricionales estadounidenses. Estos instrumentos han beneficiado directamente a miles de mexicanos que laboran en el país vecino.

La cancillería reitera su convicción de que es del interés de ambos países establecer nuevos mecanismos que garanticen una migración legal, segura, ordenada y respetuosa de los derechos humanos.

Finalmente, se señala que para el gobierno mexicano, la reforma resultante de dicho proceso debe reconocer las aportaciones que nuestros migrantes hacen a la vida económica y social de Estados Unidos, incorporar mecanismos que atiendan la problemática de nuestros connacionales que ya viven es ese país y fomentar la circularidad de la migración.