La Comisión encargada de investigar a la empresa Construcciones Prácticas S.A. de C.V., aseguró que todas las pruebas presentadas por el presunto enriquecimiento y tráfico de influencias a favor de los Bribiesca, estánapegadas a derecho.

Sólo se le ha dado valor probatorio a todos aquellos argumentos o hechos que han sido soportados con documentos expedidos por notarios o autoridades federales y estatales, aseguraron los diputados Jesús González Schmal (Convergencia) y los diputados del PRD, Martha Lucía Mícher Camarena y Eduardo Espinosa y Martha Palafox del PRI.

Al dar a conocer el posicionamiento de la Comisión ante las declaraciones de la señora Marta Sahagún sobre una supuesta falta de pruebas en las investigaciones, González Schmal (Convergencia), presentó públicamente un legajo de 20 cuartillas en donde se especifican los montos del presunto tráfico de influencias.

En los documentos se exhiben cheques, la escritura constitutiva de la empresa Construcciones Prácticas S.A de C.V., la escritura de conformación de las obligaciones del Grupo Kilate S.A., propiedad de Manuel Bribiesca Sahún, y los documentos que prueban que existieron daños al patrimonio público federal por un monto de 134 millones 358 mil 636.70 pesos.

En el documento, se especifica que el Instituto de Protección al Ahorro Bancario entregó en subasta del 3 de febrero de 2004 a Construcciones Prácticas, los derechos de cobro sobre un paquete denominado “C” conformado por 27 créditos con un valor en libros de un mil 183 millones, cinco mil, setecientos cincuenta y un pesos.

Construcciones Prácticas S.A de C.V., resultó beneficiado de la subasta, pagando ocho millones cien mil pesos, según testimonio público número 71826 de la Notaría Pública 121 del Distrito Federal.

Destacó que el monto citado corresponde únicamente a cinco de los 27 paquetes de crédito otorgados a la empresa vinculada con los hermanos Manuel y Jorge Bribiesca Sahagún y que son los terrenos denominados: Solidaridad I y II; El Zapote y Biznagas I y II.

El legislador de Convergencia recordó que los paquetes fueron adquiridos por Construcciones Prácticas en tan sólo 8 millones 100 mil pesos para luego revenderlos en 142 millones 458 mil 636.70, lo que dejó una pérdida de 134 millones 358 mil 636.70 para el Estado.

González Schmal explicó que de los cinco créditos habían sido entregados originalmente a la empresa Plaza Industrial S.A. de C.V., el Solidaridad, con un área de 87 mil 508.38 metros cuadrados, en el que se edificaron 400 departamentos, fue revendido en 69 millones 460 mil pesos, al Grupo Kilate, cuando en libros del IPAB el valor era de 26 millones 836 mil 560 pesos.

El presidente de la comisión especial destacó que la denuncia también gira en torno a que se infringieron diversos ordenamientos de la Ley del IPAB, ya que no se obtuvo el valor de recuperación de los bienes subastados.

Es de hacer notar que el 15 de marzo de 2004, Grupo Inmobiliario Kilate S.A de C.V., adquirio de Plaza Industrial S.A de C.V., 460 viviendas de interés social del condominio Solidaridad, ubicado en Acapulco , Guerrero, en la cantidad de 69 millones 460 mil pesos.

Además, se informó que el capital social de la empresa Construcciones Prácticas S.A de C.V.,se conformó por los señores Miguel Isaac Khoury Simán y Munir Isaac Khoury Jorge, con un capital inicial de cien mil pesos; y por su parte, el capital social del Grupo Inmobiliario Kilate S.A de C.V., se conformó originalmente por Miguel Isaac Khoury Simán y Manuel Bribiesca, con un monto de 50 mil pesos, mismo que fue incrementado a siete millones 350 mil pesos un mes antes de la compra del fraccionamiento Solidaridad Acapulco.

Además, los Bribiesca a través de Construcciones Prácticas adquirieron del IPAB mediante subasta pública de fecha 29 de abril de 2004, 275 departamentos del condominio conocido comercialmente como “Santa Catarina”, ubicado en San Francisco Totimehuacan, Puebla, en la cantidad de 20 millones 933 mil pesos.

Jesús González Schmal, destacó que todas las pruebas presentadas ante las autoridades y el ministerio público federal y local, demuestran que se presume que los involucrados que participaron en los procesos de subasta, incurrieron en el delito de tráfico de influencias, como lo señala el Código Penal Federal.

En su intervención, la diputada Martha Lucía Mícher Camarena subrayó que existe una evidente falsedad de declaraciones por parte de Manuel Bribiesca y su asociación administrativa con Miguel Khoury Simán, que los liga directamente a la empresa Grupo Inmobiliario Kilate S.A. de C.V.