El Grupo de Trabajo para dar seguimiento a las agresiones a periodistas y medios de comunicación solicitó a los 31 Congresos Estatales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal integrar en sus Códigos Penales Locales las reformas a los Códigos Penal Federal y Federal de Procedimientos para proteger el secreto profesional.

Al fundamentar el punto de acuerdo, la diputada Beatriz Mojica Morga (PRD) señaló que el derecho a la información constituye un elemento primordial para consolidar la libertad de expresión y así avalar, de manera efectiva, un verdadero Estado de derecho.

Las modificaciones a los Códigos Penal Federal y Federal de Procedimientos Penales tienen como objetivo salvaguardar el secreto profesional y la reserva de información de periodistas y garantizar el cumplimiento de dicha reserva por parte de las autoridades, en caso de no hacerlo serán sujetos de sanciones penales y administrativas.

“Es necesario que las legislaciones estatales hagan las modificaciones que se aprobaron en el Congreso de la Unión, pues sólo de esta manera se podrá refrendar la protección legal de las fuentes periodísticas”, puntualizó la diputada.

De igual manera, Mojica Morga exhortó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a considerar como prueba, dentro de la investigación que se realiza en el caso de Lydia Cacho, la denuncia presentada por la Procuradora de Justicia del estado de Puebla, Blanca Laura Villena Martínez, en contra de la comunicadora.

Refirió que “después de ser detenida por el presunto delito de difamación, Cacho Ribeiro interpuso una denuncia penal contra diversos funcionarios del Estado de Puebla, ante la Procuraduría General de la República (PGR), por presunto abuso de autoridad, usurpación de funciones y cohecho; derivado de esa acusación, se inició una averiguación.

“El pasado 28 de julio la Procuradora de Justicia Villena Martínez denunció ante la PGR a la periodista y a la Fiscal Especial para al Atención de Delitos Relacionados con Actos de Violencia contra las Mujeres por probable tráfico de influencias y diversos delitos contra la administración de justicia”, explicó, la legisladora.

Sin lugar a duda, continuó la perredista, dicha acusación busca afectar la imagen de la también defensora de los derechos humanos, y pone de manifiesto los intereses de algunos funcionarios de esa entidad federativa, por entorpecer la investigación de Jean Succar Kuri, presunto pederasta.

Por último, Mojica Morga exhortó a la SCJN a informar, lo más pronto posible, los resultados realizados por la Comisión Especial integrada para conocer los hechos relacionados con al detención de Lydia Cacho Ribeiro.