La Comisión de Puntos Constitucionales analiza una iniciativa presentada por la diputada del PRI, Claudia Ruiz Massieu, a fin de que en los recesos del Congreso de la Unión, la Comisión Permanente pueda citar a comparecer a secretarios de Estado, al Procurador General de la República, así como a los directores y administradores de organismos descentralizados federales.

Ello, explicó la legisladora, para que los funcionarios informen al Congreso en los momentos en los que alguna comisión legislativa discuta una ley o se estudie un asunto concerniente a sus respectivos ramos o actividades.

Dichas comisiones, agregó, podrán solicitar por escrito a los titulares de las dependencias y entidades de la Administración Pública, centralizada y paraestatal, al Procurador General de la República, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a la Auditoría Superior de la Federación y a los órganos autónomos, los datos e informes que estimen necesarios para el cumplimiento de sus funciones.

Subrayó que la propuesta plantea modificar el Artículo 93 constitucional para que, al igual que las comisiones de la Cámara de Diputados y del Senado de la República, las que conforme la Comisión Permanente puedan citar a comparecer a cualquier persona, con excepción del Presidente de la República y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Mencionó también que la modificación estima que los servidores públicos que nieguen la información requerida sin causa justificada o proporcionen datos falsos o incompletos, estarán sujetos a las responsabilidades administrativas y penales establecidas.

Los resultados de las investigaciones, advirtió la diputada Claudia Ruiz Massieu, “se harán del conocimiento del Ejecutivo Federal y serán públicos”.

En la exposición de motivos, la iniciativa destaca que en nuestro contexto constitucional no existe regulación expresa que establezca el modo y la forma en la que los legisladores puedan recabar información del gobierno o de la administración pública.

Señala que, en la práctica, es usual que los funcionarios soslayen u omitan el llamado de las comisiones de ambas Cámaras o, si lo hacen, informen de forma incompleta y tardía.

“De esta forma, la presente iniciativa pretende establecer las bases sobre las cuales las comisiones de la Comisión Permanente del Congreso puedan acceder a todo tipo de información”, concluye.