El costo por el retiro de propaganda ascendió a más de un millón de pesos en la Ciudad de México y significó 180 toneladas de basura por el proceso electoral de 2006, lo que obliga a la LX Legislatura a reformar el Código Federal de Procedimientos Electorales (Cofipe).

Esto con el fin de obligar a los partidos políticos a que el retiro de la propaganda sea con cargo a sus prerrogativas y se reduzca la colocación de ésta en el equipamiento urbano y mobiliario público, como postes, bardas, casetas telefónicas y otros.

La diputada Laura Elena Martínez Rivera (PRI) presentó una iniciativa que adiciona una segunda fracción al artículo 187, y los Incisos F) y G), así como un último párrafo al artículo 189 del Cofipe para que los partidos políticos garanticen los gastos de limpieza generados por el retiro de esta propaganda.

La iniciativa establece que se debe fijar una distancia mínima de 100 metros para que un mismo partido, coalición o candidato coloque, fije o pinte su publicidad.

Tiende a evitar la colocación de propagandas que cuelguen en las calles y avenidas o se coloquen en cableado alguno; así como especificar a los parques, plazas, puentes, kioscos, jardineras y pasos a desnivel como lugares prohibidos para publicidad política.

En algunos estados de la República, la legislación obliga a los partidos al retiro de la propaganda en vía pública, una vez terminadas las elecciones, sin embargo, ésta no existe en el Código Federal, lo que hace necesaria su incorporación de manera urgente.

La legisladora Martínez Rivera argumentó en la presentación de la iniciativa que en cada proceso electoral que se realiza, la sociedad y cada uno de nosotros, reclamamos el alto costo de la propaganda que cada partido, coalición o candidato eroga. Es una de las demandas más sentidas de la población, así como la manera de disminuir el costo de las elecciones.

De acuerdo con la última Encuesta Mundial sobre el Costo del Empadronamiento y las Elecciones, elaborada por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Fundación Internacional para los Sistemas Electorales (IFES), el costo de las elecciones en México prácticamente duplica al que se destina en regiones con alto nivel de desarrollo económico.

Por ejemplo, en Estados Unidos y en el oeste de Europa estos procesos tienen un costo de entre uno y tres dólares por elector, mientras que en México es de cerca de 5.9 dólares.

En Latinoamérica también superamos a países como Chile, con un costo per cápita de 1.2 dólares; Costa Rica, 1.8; Brasil, 2.3 dólares. También nuestro costo electoral es mayor que en Botswana (2.7 dólares) y es ocho veces mayor al de Ghana (0.7).

Además de este gasto, existe otro elemento que deja secuelas para el país: la propaganda en vía pública. Propaganda que tan sólo en la Ciudad de México, la más grande, significó 180 toneladas de basura y más de un millón de pesos de costo por su retiro. El plástico usado en su impresión significa la contaminación del suelo, agua y aire.

La presencia de cantidades excesivas de propaganda electoral colocadas, pintadas o fijadas en la vía pública conlleva contaminación visual y ambiental, que no sólo ensucia las ciudades, pueblos, carreteras, sino que viola lo establecido en el Cofipe.

La contaminación propagandística representa un alto costo social que asumen todos los ciudadanos, al tener que soportarla injustificadamente. Denota una falta de respeto a los derechos de las personas el que se permita que se inunden las calles, postes y cables de las ciudades con propaganda política.

Consideramos vital que los candidatos puedan expresar sus opiniones y comunicarse con sus electores de forma libre y transparente. Pero la situación a la que se ha llegado en México es ridícula. El despilfarro de recursos en papelería, lienzos, daños a la propiedad privada y estatal -en murallas, árboles, cables y luego los altísimos costos de retiro de la exhibición de mal gusto hacen que sea urgente terminar con esta exagerada forma de propaganda, argumentó la diputada.

La propuesta de reforma crea la obligación, por ley, a los partidos políticos para que, primero, retiren su propaganda en vía pública; segundo, se reduzca su publicidad urbana y que, sobre todo, se aplique la norma ambiental que evite material contaminante.