En las 32 entidades federativas del país se genera y prolifera la explotación sexual infantil, con lo que se lacera los derechos humanos de la niñez, afirmó Norma Elena Negrete Aguayo, presidenta de Espacios de Desarrollo Integral A.C.

En tanto, Paula Ramírez España Baguerisse, Oficial de Reformas Legislativas e Institucionales de la UNICEF, resaltó que a pesar de los avances, en México persisten los vacíos legales que impiden garantizar los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes.

Durante el foro Trata de personas, explotación sexual infantil y entrega de la agenda legislativa sobre derechos de la niñez, celebrado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Norma Elena Negrete dijo que cada día son más las ciudades, municipios y localidades donde se reportan evidencias y testimonios de víctimas de explotación sexual infantil.

Las modalidades: prostitución en la calle, en espacios públicos cerrados, es decir, casas de cita, hoteles, centros nocturnos y de espectáculos; además, en departamentos y “casas clandestinas”.

Negrete Aguayo refirió que esta problemática es universal: cada año en el mundo varios millones de niñas y niños son víctimas del tráfico humano con fines pornográficos o para venderlos y convertirlos en esclavos del turismo sexual y la prostitución.

La presidenta de Espacios de Desarrollo Integral A.C. manifestó en el evento realizado por la Comisión Especial de la Niñez, Adolescencia y Familias, que este negocio genera anualmente decenas de millones de dólares.

Detalló que la trata o venta de personas se presenta primordialmente cuando algunas familias utilizan a sus hijas para negociar beneficios materiales y financieros con hombres de mayor edad que ellas, así como por personas o “agencias” que encuentran los mecanismos para “engancharlas” y ofrecerlas a sus clientes.

En este sentido, Paula Ramírez España Baguerisse añadió que el proceso legislativo de depuración y perfeccionamiento del marco jurídico para garantizar efectivamente la protección de los derechos de los infantes está en un momento decisivo y apremiante para generar los cambios tanto en las legislaciones federal y locales.