La diputada Elena Martínez Rivera (PRI) propuso reformar el Código Penal Federal (CPF), a fin de precisar el concepto de trata de personas, adecuarlo a la definición que maneja la Convención Interamericana sobre Trato Internacional de Menores (CITIM) y aumentar las penas por este delito.

Con las reformas al artículo 366 ter. del CPF se establecería que no solamente comete el delito de tráfico de personas quien traslade a un menor, sino también aquel que lo sustraiga, retenga o intente hacerlo.

La edad para considerar a un individuo como menor pasaría de 16 a 18 años, tal y como lo establece la CITIM.

Las penas en el actual Código Penal Federal son de tres a 10 años de prisión y de 400 a mil días multa, con la modificación serían de mil 500 a dos mil días de sanción y de 10 a 15 años de cárcel.

De acuerdo con el Informe Anual Sobre Trata de Personas que emitió el Departamento de Estado de EU, entre 600 y 800 mil personas cruzan las fronteras internacionales cada año como víctimas de la trata de individuos; 80 por ciento son mujeres y niñas; el 50 por ciento del total, menores de edad.

Según el mismo informe, el gobierno de México no cumple con los estándares mínimos para eliminar la trata de personas; por lo anterior, la diputada priista propuso la modificación al artículo 366 ter. del CPF.

La CITIM define como tráfico de menores el traslado, sustracción, retención o intento de hacerlo de un menor de 18 años por medios ilícitos.

En México el CPF considera para este delito sólo la modalidad de traslado y únicamente a menores de 16 años.

La legisladora argumentó que en México no existen cifras estadísticas claras sobre tráfico de menores debido a la falta de una definición uniforme del delito, indicadores y recursos para el seguimiento de los casos.

En el informe sobre trata de personas se establece que el gobierno mexicano no generó estadísticas sobre investigaciones, aprehensiones, enjuiciamientos o condenas relacionadas con este delito, en parte porque no cuenta con una legislación específica para el tema y muchos casos se persiguen bajo otras leyes.

Por el panorama antes descrito, manifestó Martínez Rivera, no es posible saber si México avanzó en la lucha contra el trato de individuos.

Los únicos datos que se pudieron obtener, dijo, es que de enero a agosto de 2005 las autoridades reportaron mil 336 juicios relacionados con este delito y sólo se impusieron sentencias en 531 casos.