En México entre 30 y 60 por ciento de los hogares padecen violencia intrafamiliar; los agresores más frecuentes son los padres (44.5 por ciento) y las madres (44.1 por ciento) las víctimas afectadas son los hijos e hijas (44.9 por ciento), señala una iniciativa del grupo parlamentario del PAN.

El documento presentado por la diputada María Salomé Elyd Sáenz advierte que la ineficacia en nuestro sistema de justicia ha provocado que menores de edad sean victimizados durante tiempos prolongados por sus padres y ocasionalmente llegar a causar su muerte.

Añade que en la zona metropolitana de la Ciudad de México existe violencia en uno de cada tres hogares. Esta situación incide en los grupos vulnerables en donde opera una subordinación con relación al agresor, es por ello que los padres fácilmente pueden victimizar a sus hijos e hijas, precisa.

De ahí que propone adiciones a Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a fin de facultar a lasinstituciones de asistencia pública para que puedan intervenir inmediatamente y de manera precautoria,una vez que tengan conocimiento de que un niño está siendo violentado por sus padres, sin necesidad de esperar la determinación ministerial o judicial, con el fin de salvaguardarlos en su integridad.

Precisa que a fin de respetar el ámbito de competencia del Ministerio Público, dichas medidas precautorias una vez implementadas por las instituciones de asistencia social comoel DIF, le sean notificadas de inmediato para iniciar la correspondiente investigación y, en su caso, determinar jurídicamente el destino provisional o definitivo de la niña, niño o adolescente.

Se subraya que el resguardo de los menores cuando sean objeto de violencia familiar, permitiría evitar el cotidiano daño físico, psicoemocional o sexual que el niño sufre y que de prolongarse puede causarle incluso la muerte.

Advierte que el escenario de la violencia familiar es un asunto fundamental de salud pública, lo que hace urgente establecer los mecanismos que garanticen el efectivo cumplimiento de los derechos de la niñez y hacerlos exigibles.

Agrega que el marco jurídico vigente adolece de un diseño que facilite la aplicación de medidas y providencias para la salvaguarda de niños en colaboración con las instituciones encargadas de la defensa y protección de los derechos de los niños.

En este sentido, los legisladores del grupo parlamentario del PAN plantean que la reforma a dicha ley para dotar de mayores elementos a instituciones públicas como el DIF federal, los estatales, el del Distrito Federal o los municipales, según sea el caso, permitiría colaborar con las autoridades encargadas de la procuración e impartición de justicia

La reforma establece que las autoridades o instancias federales, del Distrito Federal, estatales o municipales en el ámbito de sus respectivas competencias, implementarán, en su caso, las correspondientes medidas precautorias y de asistencia social, con el fin de proteger la integridad de niños y adolescentes como víctimas de algún ilícito, de cualquier maltrato físico, psicoemocional y sexual.