Con el fin de asegurar altos niveles de votación, mejorar el sistema electoral mexicano, reducir sus costos y lograr órganos de gobierno más legítimos y representativos, el diputado federal del PRI, Alfonso Díaz Nava, presentó una iniciativa de reforma para aplicar sanciones administrativas a los ciudadanos que no voten.

El legislador propone que los ciudadanos inscritos en el Padrón Electoral que incumplan con su obligación constitucional de votar en las elecciones organizadas por el Instituto Federal Electoral sean inhabilitados para acceder a los programas de apoyo gubernamentales.

De acuerdo con el texto de la iniciativa, si el ciudadano que incurra en este supuesto está postulado a un cargo de elección popular o ya ejerce alguno, será inhabilitado y sus derechos serán suspendidos, en ambos casos durante un lapso que no exceda de un año.

Díaz Nava expuso que esta sanción podrá levantarse si el ciudadano paga una multa equivalente al monto de un mes de salario mínimo, vigente al momento de la infracción.

La propuesta de adición y modificación --a los numerales 3, 4 y 5 del artículo 4 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe)-- exenta de la sanción a quienes por enfermedad, impedimento físico o causa justificada incumplan con la emisión del sufragio.

El legislador priista argumenta que el voto obligatorio es una figura que aplican países de América Latina como Argentina, Brasil, Costa Rica y Ecuador. Asimismo, cita los casos de Australia, Bélgica y Luxemburgo, donde también existe esta disposición.

“El aplicar reglas que sancionen el no ejercer el voto es una opción disponible para las nuevas democracias”, argumentó el diputado federal.

Reconoció que el éxito del voto obligatorio requiere de un mínimo de capacidad administrativa por parte del Estado e implica costos. Sin embargo, consideró que cuando el Estado asume la responsabilidad de que los ciudadanos acudan a las urnas, partidos y candidatos pueden concentrar sus esfuerzos en promover sus propuestas.

Alfonso Díaz admitió en el texto de su propuesta que la aplicación del voto obligatorio probablemente aumentará el porcentaje de papeletas nulas como una forma de protesta. No obstante, prevé que el incremento de participantes superaría al crecimiento de papeletas nulas, lo que habla de un aumento neto de la participación de los electores.

Finalmente, el priista apuntala su iniciativa con el argumento de que el artículo 36 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la obligación del ciudadano para votar en las elecciones populares.

En el mismo sentido, agrega Díaz Nava, el artículo 38 constitucional prevé que los derechos o las prerrogativas de los ciudadanos pueden suspenderse por falta de cumplimiento de alguna de las obligaciones previstas en el ya mencionado artículo 36.