El grupo parlamentario del PRI impulsa la iniciativa con proyecto de decreto para crear la Procuraduría Nacional de la Educación (PNE); como un órgano especializado, imparcial e independiente que protegería y defendería los intereses de alumnos, padres y autoridades; además garantizaría la oferta y calidad de la enseñanza.

En la iniciativa, presentada por el diputado Alfonso Nava Díaz, se detalla que la procuraduría tiene el objetivo de elevar los niveles de educación y proteger los derechos e intereses del público usuario de los servicios educativos que imparte el Estado, organismos descentralizados y particulares.

Según la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) México ocupa el lugar 37, de 41 países que realizaron un examen comparativo, a nivel secundaria, de lectura, escritura y matemáticas.

Cifras de la UNESCO indican que tenemos el penúltimo lugar de 108 países en hábitos de lectura; conforme al Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI), el promedio de años que una persona asiste a la escuela es de 7.7.

Actualmente hay 32 millones de niños y jóvenes que reciben educación del Estado y por esa razón el diputado Nava Díaz pide crear la PNE para garantizar oferta y calidad a los educandos.

La PNE no sustituiría a la Secretaría de Educación Pública (SEP); ésta tienen como atribuciones organizar, vigilar y desarrollar, en las escuelas oficiales, incorporadas o reconocidas, la enseñanza preescolar, primaria, secundaria y normal (urbana, semiurbana,rural), así como las actividades culturales y deportivas que en ellas se efectúen.

Actualmente toda la responsabilidad del proceso educativo recae sólo en el Gobierno Federal porque se maneja de manera unilateral; en ningún momento se escucha a los demás involucrados.

La PNE contribuiría a la detección de causas que dan origen a deficiencias educativas y tomaría en cuenta a todos los actores del sistema educativo: alumnos, educadores, autoridades, planes, programas, métodos, materiales educativos, instituciones del Estado, organismos descentralizados, así como escuelas particulares.

La creación de la procuraduría, se establece en la iniciativa presentada, resolvería la problemática que enfrentan alumnos, docentes, autoridades y sociedad ante la impartición educativa del Estado; elevaría el nivel y calidad de la enseñanza a través de evaluaciones constantes y aseguraría la capacidad de la futura fuerza laboral en México.

En el texto queda subrayado que la iniciativa tiene base en el artículo 3º de la Constitución Política, el cual prevé que el Ejecutivo "considerará la opinión de gobiernos, así como de diversos sectores sociales involucrados en la educación".