Con el fin de buscar solución a los problemas propios de las grandes ciudades en nuestro país, el grupo parlamentario del PRI (GPPRI) propuso la creación del Fondo para el Desarrollo Metropolitano que asignaría recursos para mejorar las condiciones de vida de las concentraciones urbanas.

Este Fondo se constituiría con el 3 por ciento de la recaudación federal participable, proveniente de otros siete fondos ya existentes, lo que implica una redistribución más equitativa de recursos.

La iniciativa del GPPRI propone una asignación del 40 por ciento de los recursos de dicho fondo, en cantidades iguales, para las zonas metropolitanas reconocidas por la Secretaría de Desarrollo Social, el Consejo Nacional de Población y el INEGI.

El 60 por ciento restante se entregaría directamente, en función del número de habitantes que residen en cada una de estas zonas metropolitanas.

Con dicho Fondo se pretende beneficiar a 309 municipios, ubicados en 29 estados de la República Mexicana, que enfrentan problemas como exceso de industrias, contaminación y aglomeraciones causadas por el parque vehicular.

En el texto de la propuesta, el GPPRI argumenta que nueve zonas metropolitanas del país tienen más de un millón de habitantes, otras 14 registran entre 500 mil y un millón, mientras que 32 más reportan una población que va de 100 mil hasta 500 mil personas.

Por sí solas, las zonas metropolitanas generan el 70 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, concentran a siete de cada diez habitantes en situación de marginalidad, generan el 66 por ciento de la basura del país y desplazan, en su conjunto, a cinco millones de personas al día.

De aprobarse este Fondo, argumenta la propuesta, mejoraría sustancialmente la calidad de vida y el bienestar de los habitantes de las urbes del país, gracias a la aplicación más ágil de los recursos necesarios para atender la problemática citadina.

Por todo ello, la iniciativa propone la reforma a los artículos 25, de la Ley de coordinación Fiscal, y la adición de un artículo 45 A, con el fin de agilizar la capacidad de respuesta de los gobiernos federal, estatal y municipal.