Reformas a las leyes Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de Responsabilidades de los Servidores Públicos, publicadas en la Gaceta Parlamentaria por los diputados del sector agrario del PRI, pretenden castigar con cárcel a la autoridad federal o al servidor público quesubejerza el presupuesto destinado al campo.

El documento signado por los diputados César Horacio Duarte Jáquez e Israel Beltrán Montes, señala que se impondrían de 3 a 6 años de prisión a quien por culpa, dolo, mala fe o negligencia no ejerza de forma oportuna y eficaz los recursos públicos agrícolas y pecuarios, conforme a los calendarios para las siembras y cosechas de cada año.

Precisa que el objetivo es crear la obligatoriedad, por ley, por parte de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, de ejercer los recursos destinados año con año en el Presupuesto de Egresos de la Federación, conforme a los ciclos agrícola y pecuario.

Advierte que en materia agrícola y pecuaria existe un rezago que impide el crecimiento sostenido en el campo. Es catastrófico que quienes deberían estar sembrando y cosechando emigren al otro lado del río Bravo, para buscar oportunidades y el nivel de vida que no encuentran en México, señala.

El documento menciona que hay una desarticulación temporal entre las estaciones de cosecha y siembra y el momento de entrega de los recursos, que contribuye al desorden y a la improductividad, por lo que la iniciativa propone tomar en cuenta estos aspectos.

Subraya que el hecho de que no lleguen los recursos al agro, afecta no sólo a la población rural, sino a la sociedad en su conjunto como consumidora.

Precisa que los cambios a la legislación darían la certeza de que los presupuestos se ejerzan, partiendo de que los apoyos del Estado son fundamentales para impulsar el desarrollo del campo y mejorar las condiciones de vida de las numerosas personas ligadas a este sector.

Refiere que actualmente es sancionada la falta de ejercicio de los recursos públicos, de planes y presupuestos, con la inhabilitación administrativa y el castigo económico; lo que se propone es la pena privativa de la libertad.

Considera que la justicia social en el medio rural sólo será posible con la indispensable concurrencia de los hombres y mujeres del campo.

En este sentido, resulta fundamental que los Poderes de la Unión fortalezcan los canales de comunicación que permitan conocer y valorar las necesidades reales del agro, puntualiza el documento.

En virtud de que las comisiones no se encuentran integradas, la iniciativa publicada en la Gaceta Parlamentaria se le dará trámite ante el pleno en su oportunidad.