Debido a que las demandas de los ciudadanos en los servicios de las zonas urbanas de México han rebasado las posibilidades financieras de los municipios y entidades federativas, el diputado Gustavo Cárdenas Monroy (PRI) presentó una iniciativa para que se constituya un fondo que impulse los niveles de bienestar de los habitantes de áreas metropolitanas.

Las modificaciones a los artículos 115 y 122 de la Carta Magna buscan estructurar reglas claras y precisas que regulen, organicen y concreten las obligaciones y derechos de quienes confluyen en estas zonas.

Además, pretende que la federación, los estados, el D.F y los municipios, participen de manera obligada en la canalización de recursos públicos de forma oportuna y eficiente en la solución de los requerimientos de las conurbaciones demográficas.

En la exposición de motivos, el diputado destacó que México cuenta con 31 zonas metropolitanas, en las que vive el 43 por ciento de la población; 70 de cada 100 mexicanos están establecidos en las 364 ciudades que integran el sistema nacional de ciudades.

Las zonas que destacan son el Valle de México y el Valle de Toluca, al contar con el 12.6 por de la población nacional. Agregó que las principales demandas son de seguridad, empleo, salud, educación, transporte, vivienda y agua potable. La iniciativa se envió a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Código de Ética Parlamentario

Más adelante, el diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva (PC), presentó la iniciativa que reforma la Ley Orgánica del Congreso General, a efecto de que los legisladores se sujeten a un Código de Ética Parlamentario y a un Consejo de Ética, e impulsar unconjunto de normas que aseguren la función parlamentaria apegada a principios y valores.

La propuesta, remitida a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, especifica una serie de deberes éticos que deben conocer, guardar y respetar todos los legisladores, entre los que se destaca la transparencia, dar a conocer los intereses que motivan la promoción de iniciativas y anteponer el interés general y el público sobre los personales o privados.

Aguas de jurisdicción federal

Para que Federación, gobierno del Distrito Federal, estados y municipios, canalicen recursos públicos en el cumplimiento de los objetivos del suministro, uso, aprovechamiento y tratamiento de las aguas de jurisdicción federal, diputados del Grupo Parlamentario del PRI propusieron reformar la fracción XVII del artículo 73 de la Constitución Política.

Tal modificación pretende crear un federalismo que apoye el desarrollo nacional de una infraestructura básica en el sector hidráulico, esto debido a que el acceso al agua potable es cada vez más costoso y urgente. La propuesta leída por la diputada Elda Gómez Lugo,se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Todas las iniciativas además de ser turnadas a comisión, fueron canalizadas a la Dirección General de Proceso legislativo de la Cámara de Diputados, en tanto se integran las comisiones.