El grupo parlamentario del PRD propuso la creación de la Comisión Especial para la Vigilancia del Uso y Destino de la Documentación del Proceso Electoral Presidencial del 2 de julio de 2006, cuyo objetivo es salvaguardar, conservar y garantizar el acceso de todos los ciudadanos a esta información.

En el punto de acuerdo, publicado en el Gaceta Parlamentaria, la diputada Valentina Valia Batres Guadarrama (PRD) señaló que el acceso de los ciudadanos a estos datos deberá darse en los términos que garantiza la Constitución, los tratados internacionales en la materia y la Ley Federal de acceso a la Información Pública Gubernamental.

Según la propuesta, dicha comisión se integraría por tres diputados del PAN, dos del PRD, y dos del PRI. En tanto, el PVEM, PT, Convergencia, PANAL y Alternativa Socialdemócrata y Campesina se representarían, cada uno, por un legislador.

Este grupo de trabajo tendría duración de un año legislativo, con la posibilidad de prorrogar su vigencia y presentaría al Pleno de manera trimestre un informe detallado de sus actividades.

En el documento se establece que se trata de preservar el interés de la sociedad pro conocer y tener acceso a la documentación relativa a la elección más competida y controvertida en la historia del país.

Asimismo, establece el documento que los paquetes electorales podrían ser materiapara muchos temas de análisis y de investigación, pero sobre todo daría elementos para una reforma electoral, además de que, con la integración de esta comisión, la Cámara de Diputados contribuiría al debate nacional en el marco del derecho a la información.

Se indica que una vez concluido el proceso electoral, y ante las solicitudes para conocer dicha información, el Instituto Federal Electoral (IFE) resolvió que “las boletas no son documentación pública, están sujetas a un régimen especial de inviolabilidad que hace que ni el propio organismo tenga acceso a ellas”.

De ahí que se considere que el Consejo General del IFE no puede negarse con esos argumentos, pues “la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental le obliga a garantizar el acceso de toda persona a documentación en posesión de órganos constitucionales autónomos, de toda información contenidaen documentos que generen, obtengan, adquieran, transformen o conserven.