El Grupo Parlamentario del PRD publicó en la Gaceta Parlamentaria un exhorto al titular del Poder Ejecutivo Federal para que, a través del Ejército Mexicano, la PGR y Seguridad Pública, instrumente acciones para combatir la delincuencia organizada, la ola de violencia y ejecuciones que aquejan a la sociedad mexicana.

Asimismo, el diputado José Alfonso Suárez del Real y Aguilera (PRD) exhortó a dichas dependencias a informar, en un plazo de 30 días naturales, sobre los resultados de programas y acciones desarrollados para el combate a la delincuencia.

De acuerdo con los datos de la Procuraduría General de la República (PGR), del 1 de diciembre de 2000 al 8 de febrero de 2006, se han detenido a 15 líderes de diversas organizaciones delictivas, 51 cabezas financieras, 340 lugartenientes y 189 sicarios.

Sin embargo, la ola de violencia y su alto grado de sadismo no ha disminuido; por el contrario, estados como Baja California, Tamaulipas, Nuevo León, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Jalisco y Sinaloa, son víctimas de la delincuencia organizada.

Tan sólo para confirmar lo dicho, el pasado miércoles 6 de septiembre de 2006, en el municipio de Uruapan, Michoacán, un comando armado irrumpió en un centro nocturno y, tras amagar a las personas que ahí se encontraban y hacer disparos al techo, arrojó en la pista de baile cinco cabezas humanas, junto a las cuales colocaron una cartulina con mensajes que señalaban que la ola de violencia continuará sin descanso.

Con este tipo de ejecuciones, señala el punto de acuerdo, suman 13 las personas decapitadas en lo que va del año, tan sólo en ese estado.

Hechos similares recientes los encontramos en Nuevo León, con el ajusticiamiento de un funcionario público y, en el Estado de México, de un magistrado.

La inseguridad pública, específicamente en su modalidad de delincuencia organizada, es una preocupación mayúscula de todas las entidades federativas de la República Mexicana.

Su combate es urgente porque esto es un asunto de seguridad nacional cuya solución se ha ido postergando, por lo que loslegisladores y legisladoras no deben soslayar una necesidad primordial para garantizar la seguridad de los estados y de sus habitantes.

El punto de acuerdo se turnó a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

Por otro lado, el diputado Marco Heriberto Orozco Ruiz Velazco (PAN), presentó un punto de acuerdo en donde se exhorta a la Procuraduría General de la República, a la Secretaría de Seguridad Pública Federal, a la Procuraduría General de Justicia y a la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Nuevo León para que en la medida de sus competencias y con los recursos humanos y materiales con que cuentan conformen un grupo especial que detenga la escalada de violencia que padece la entidad.

La propuesta se remitió a la Comisión de Gobernación.