El Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias (CEDIP) de la Cámara de Diputados reconoce que la gestoría social de los legisladores es una práctica parlamentaria muy arraigada en México, pero carece de un marco jurídico que le dé fundamento.

En un informe dado a conocer en el Boletín Informativo de la Secretaría General, dicho centro reconoce que ante la falta de una legislación en la materia, se abocó al análisis legal de la gestoría parlamentaria como la forma más eficaz de acercamiento entre los diputados y sus representados.

La gestoría social comprende la inscripción de personas a programas de asistencia federal, ayuda a desempleados para colocarse a través de bolsas de trabajo, solicitud de recursos para la construcción de escuelas y obra pública, para asistir a damnificados ante desastres naturales y exigir respeto de cualquier derecho que se haya vulnerado por las autoridades.

También los diputados realizan acciones para que se respeten los derechos de trabajadores y jubilados, gestionan las quejas y denuncias de la población ante autoridades federales, estatales y municipales, además de brindar asesoría de cualquier tipo.

No obstante, esa medida, según el centro, tiene efectos negativos en la gestoría legislativa, ya que implica la distracción de tiempo y esfuerzos por parte de los diputados, quienes ven en ella un medio eficaz para aumentar su popularidad y lograr el acceso a otros cargos de elección popular en sus estados o municipios.

Otro efecto negativo es que es una forma de presión frente a las autoridades, que por su naturaleza al carecer de garantías propias de un procedimiento jurídico, puede ser indebidamente aprovechado por particulares que ven en la gestoría un medio de incidir políticamente para la satisfacción de intereses personales.

Por ello, el Centro considera necesario dotar a la gestoría social de fundamento constitucional que precise reglas claras que la definan y distingan respecto a otro tipo de peticiones, que señalen su procedencia y competencia por parte de los diputados.

También deberá comprender los órganos ante los cuales pueden presentar las solicitudes, derechos y obligaciones de las partes involucradas, los procedimientos, recursos, sanciones y mecanismos de rendición de cuentas, transparencia y acceso a la información en la materia.

En particular, el CEDIP atiende las solicitudes de información, estudios e investigaciones en materia social y de opinión pública, publica y difunde las bases de datos sobre diversos temas, vincula a las comisiones legislativas y a los diputados con académicos e investigadores de diversas instituciones.

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