Para que el Estado se vea obligado a prestar apoyo total y protección inmediata a las víctimas y ofendidos de algún delito, el diputado por Coahuila, Jesús de León Tello, (PAN) presentó a través de una iniciativa, reformas al artículo 20 de la Constitución Política.

La propuesta, canalizada a la Comisión de Puntos Constitucionales, pretende que al iniciar el procedimiento penal se le informe a la víctima sus derechos previstos en la Carta Magna, para simplificar así los trámites y hacer efectivas las resoluciones en materia de reparación del daño.

Al fundamentar, De León Tello subrayó que tratándose de un menor de edad o que no tenga capacidad para comprender el significado del hecho, no estará obligado a carearse con el inculpado o procesado.

Indicó que uno de los compromisos principales como representante popular, es consolidar el acceso a los medios de justicia a quienes resulten afectados por la delincuencia, garantizando en todo momento la protección de su integridad, e identidad.

Subrayó: “Las víctimas u ofendidos son siempre la parte más débil del sistema penal, porque no sólo sufren este daño, sino deben enfrentarse a la falta de protección jurídica que se da por los defectos y lagunas normativas”.

El legislador de Acción Nacional afirmó que el Estado debe preocuparse por el más débil, como es la víctima, ya que la construcción de un sistema penal no sólo debe girar en torno a los derechos del inculpado, sino en la protección de los intereses de quienes se ven lastimados por el delito.

Destacó que la reforma está fundamentada en tres principios: derecho al defensor público, a la reparación del daño y a impugnar el no ejercicio de la acción penal y su desistimiento, por medio del control de la legalidad, así como perfeccionar su control constitucional frente a sus problemas actuales.

Jesús de León puntualizó que las legislaturas de los estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal deberán establecer las previsiones indispensables para garantizar presupuestal e institucionalmente una infraestructura profesional y suficiente de defensores públicos que garanticen este derecho de manera real y efectiva.

Finalmente, expresó que la Constitución debe reformarse para otorgar garantías individuales que salvaguarden los derechos inherentes de todo ofendido: “El Estado debe garantizar la convivencia pacífica de la sociedad y el cumplimiento de la ley”.

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