En todo el mundo, la supervisión escolar está considerada como parte fundamental para elevar la calidad de la educación; en nuestro país, se realiza de manera gratuita tanto en escuelas públicas como privadas; no obstante, a 32 planteles ubicados en territorio mexiquense, la Secretaría de Educación estatal se les ha exigido el pago correspondiente por ese servicio.

Ante ello, la diputada Maribel Luisa Alva Olvera (PRD) presentó ante el pleno de la Cámara, el cual se turnó a la Comisión de Educación y Servicios Educativos un punto de acuerdo para exhortar al gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, a investigar y, en caso de ser necesario, fincar responsabilidades a los funcionarios de la Secretaría de la entidad por el cobro ilegal de la inspección.

La legisladora señaló que Guillermina Soberanes Zamora, responsable del sector 12 del Departamento de Educación Preescolar del Valle de México ha cobrado “cuotas” económicas y en especie para la adquisición de equipos de cómputo, renta de la escuela donde se localiza la oficina de la supervisión, papelería y otros materiales.

“La actuación de Soberanes Zamora tiene todas las características de corrupción y extorsión, debido a que si algún director se niega al pago de los servicios la funcionaria remite información negativa del plantel y la plantilla docente”.

Añadió que recientemente las autoridades educativas de la entidad advirtieron al personal del Departamento de Educación Preescolar del Valle de México, que dicha inspección es totalmente gratuita y, por tanto, ningún trabajador en el desempeño de su función puede obtener beneficios adicionales.

La diputada Alva Olvera indicó que la advertencia fue emitida a principios del pasado mes de septiembre, por la titular del mencionado departamento, María Teresa Aragón Cattar, quien envió un documento en que se especifica claramente que por ningún motivo se puede cobrar este servicio.

“Pese a los avisos, dicha situación sigue presentándose y eso no debe continuar, por lo que estamos solicitando la intervención del gobernador del estado de México , Enrique Peña Nieto, a fin de que instruya al titular de la Secretaría de Educación de la entidad a investigar esos hechos inadmisibles”, comentó la legisladora.

Finalmente, la perredista explicó que la petición se fundamenta en la Ley General de Educación. “La norma estipula que las autoridades que otorguen autorizaciones y reconocimientos de validez oficial de estudios a las instituciones particulares deberán inspeccionar y vigilar los servicios educativos a quienes se los concedieron”.

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