A través de una iniciativa de ley se propone que las secretarías de Hacienda y Crédito Público, la de Economía y la de Energía, conjuntamente con la Comisión Federal de Electricidad y la Comisión de Energía fijen tarifas preferenciales para personas de escasos recursos y grupos vulnerables.

Con base en lo anterior se publica en la Gaceta Parlamentaria el proyecto de decreto por el que se modifican y adicionan los artículos 5o. y 31, párrafo segundo, de Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, 2, fracción 1, y 3, fracción III, de la Ley de la Comisión Reguladora de Energía; 6o. fracción I, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y 5o. fracción X, inciso A de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. Artículo 6 inciso N de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas; artículo 19 fracción III, 20 fracción I y 30 fracción XVII de la Ley General de las Personas con Discapacidad.

El diputado Juan Francisco Rivera Bedoya, del grupo parlamentario del PRI, tras presentar la iniciativa, afirmó que los cambios a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, determinan que la Secretaría de Energía, contemplará programas tarifarios en apoyo a grupos vulnerables.

Mientras que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la participación de las secretarías de Energía, a propuesta de la Comisión Federal de Electricidad, fijará las tarifas, su ajuste o reestructuración, de manera que tienda a cubrir las necesidades financieras y las de ampliación del servicio público y el racional consumo de energía.

Asimismo, y a través del procedimiento señalado, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá fijar tarifas especiales en horas de demanda máxima, demanda mínima o una combinación de ambas, o para programas especiales destinados a beneficiar a grupos vulnerables.

En cuanto a la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en su artículo sexto, se le atribuye tener las siguientes atribuciones: Recibir quejas de presuntas violaciones a derechos humanos, incluidos aquellos relacionados con programas destinados a grupos vulnerables; mientras que la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, en su artículo 5º, de manera enunciativa y no limitativa, garantizará a las personas adultas mayores los siguientes derechos: tener acceso a programas de tarifas preferenciales de servicios públicos y atención preferente en los establecimientos públicos y privados que prestan servicios al público.

En cuanto a la Ley General de las Personas con Discapacidad, se obliga a las autoridades competentes a impulsar la prestación de servicios de asistencia social y programas tarifarios preferenciales, aplicándolos para personas con discapacidad en situación de abandono o marginación.

Reformas a la Ley del Impuesto sobre la Renta

Por otro lado, se presentó una iniciativa que deroga diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR), a cargo del diputado Pablo Trejo Pérez, del grupo parlamentario del PRD.

En la iniciativa se propone derogar el capítulo VI del Título II, que comprende los artículos del 64 al 78 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para combatir la elusión fiscal, con la creación de nuevas empresas con fines de disminuir la carga fiscal y los derechos laborales, sin un sentido de eficiencia social que maximice los beneficios por el bien común.

Debe quedar claro que de ninguna manera se intenta atentar contra el espíritu emprendedor de los mexicanos y mexicanas, y en general de todo aquel residente en México que desee invertir en un determinado negocio.

Pero se quiere ir desarticulando todos los regímenes especiales que permiten la elusión y simulación fiscales, y que debieron ser condición primaria para disminuir la tasa máxima del ISR que ha disminuido en detrimento de las finanzas públicas.

Mayores facultades al IFAI

Por otro lado, se presentó una iniciativa que reforma el artículo 65 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, a cargo del diputado José Manuel del Río Virgen, del grupo parlamentario de Convergencia.

El sentido de la reforma es que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, no puede estar completa, si no se le otorga al Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) la capacidad de imponer sanciones de manera directa otorgándole la facultad de iniciar procesos contra los funcionarios públicos que incumplan con sus resoluciones.

Hay que recordar que actualmente el IFAI sólo puede emitir una solicitud al Órgano Interno de Control de cada dependencia que proceda en contra de los funcionarios que incumplen con las resoluciones de éste.

Esta situación ha dejado muchas veces al IFAI con las manos atadas en temas clave para la rendición de cuentas en el país, como el rescate bancario, los fideicomisos y algunos temas relativos al sector energético.

Evitar trapecismo político

Finalmente, se presentó una iniciativa que reforma el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Gustavo Cárdenas Monroy, del grupo parlamentario del PRI, en donde se fijan candados para evitar el denominado trapecismo político.

En la reforma se afirma que los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional y, como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público.

Los cambios a la legislación proponen que para ser un candidato que provenga de partido diverso al postulante, se deberá haber separado de manera formal y definitiva del partido de origen al menos tres años antes de la fecha de registro para las candidaturas de la elección de que se trate.

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