El gasto por alumno del sistema público de educación superior de México ocupa el octavo lugar en América Latina, por debajo de países como Argentina, Cuba, Costa Rica, Colombia, Panamá y Uruguay.

Ante la responsabilidad que tiene la Cámara de Diputados de construir una política pública para la educación superior, el diputado Arnoldo Ochoa González (PRI), propuso celebrar el primer Foro Parlamentario de Consulta sobre Educación Media y Superior, y Ciencia y Tecnología de México.

Mediante punto de acuerdo, el también vicepresidente de la Mesa Directiva, planteó que se constituya un grupo de trabajo de 11 diputados de todas las fracciones, para que elaboren una plataforma de líneas políticas de Estado respecto a estos niveles educativos y su financiamiento.

La propuesta está firmada por los coordinadores de todas las fracciones parlamentarias y por el presidente de la Mesa Directiva, el diputado Jorge Zermeño Infante (PAN).

Expertos nacionales, así como de la UNESCO y la OCDE, consideran necesario formular criterios de redistribución de los recursos federales para que, al sumarlos a los de gobiernos estatales y los particulares, se amplíe la atención de la demanda por educación superior.

De acuerdo a la exposición de motivos, según datos de la OCDE, los mexicanos entre los 25 y 64 años cuentan con un promedio de 8.7 años de educación, mientras que el promedio de sus países miembros es de 12 años. Estados Unidos destaca con 13.8 años.

El priista consideró que de continuarse con la misma política educativa, tardaríamos 30 años en alcanzar los niveles actuales que tiene ese país.

Durante el sexenio, explica, según cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), los recursos federales destinados a la educación superior con relación al PIB no se incrementaron.

“Pese a que las leyes establecen proporciones mínimas de financiamiento público (…) éstas no se han alcanzado y, además, no existen criterios claros para el otorgamiento de los recursos”, refiere lo publicado en la Gaceta Parlamentaria.

Añadió que se requiere definir una política de Estado para el financiamiento y que debe ser resultado de un pacto nacional entre los tres órdenes de gobierno, las comunidades académicas, la tecnológica, la empresarial y sociedad.

El proyecto articulará propuestas de organizaciones como la AMC, la ANUIES, la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados, la Confederación de Cámaras Industriales, el CIDE, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y la Red Nacional de Consejos y Organismos Estatales de Ciencia y Tecnología.

Entre las líneas de acción se busca asegurar, a partir de 2007, al menos 5 mil millones de pesos adicionales anuales al presupuesto federal vigente en 2006, para este rubro.

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