Durante décadas los jornaleros agrícolas se han caracterizado por ser el sector más olvidado del país, situación que los coloca en una posición de mayor desigualdad y marginalidad social, afirmó el diputado Diego Aguilar Acuña (PRI), al presentar iniciativa que reforma el artículo 154 de la Ley del Seguro Social.

El diputado por Sinaloa subrayó que ante esa situación es necesario, con base en los principios sociales de igualdad y seguridad social, garantizar a los jornaleros una pensión digna, por lo que la iniciativa busca que el tiempo laborado por éstos sea contabilizado para efectos de cotización ante el IMSS.

Es fundamental, añadió, la implantación de un esquema que les permita obtener una pensión, a partir de los 60 años, integrada inicialmente por 800 cotizaciones; además, a cada jornalero agrícola se le considerará trabajador eventualpermanente, identificado con su número único de seguridad social a través de una tarjeta carnet para tal efecto.

“Las cotizaciones podrá hacerlas efectivas una vez cumplidos los 60 años de edad, aun si no registra ingresos en alguna época del año, en una cuenta individual con vísperas al término de su etapa productiva”.

Aguilar Acuña argumentó que en el campo existen un millón 700 mil trabajadores, quienes laboran por temporadas de seis meses al año.

Ante ello, estableció que mientras un trabajador ajeno al sector rural debe cotizar en promedio 23 años para alcanzar el derecho a una pensión, los jornaleros tendría que cotizar, considerando su labor discontinua, 46 años para acceder a la misma prestación.

El legislador destacó que los esfuerzos de los gobiernos, tanto Federal como Estatal, para implantar programas de financiamiento e inversiones en el rubro han traído mejoras al respecto.

“No obstante, se les ha seguido explotando sin que haya la mínima consideración de otorgarles el beneficio de la seguridad social y, mucho menos, un sistema de pensiones para su retiro”.

Señaló que los trabajadores rurales y jornaleros agrícolas superan en pobreza y rezago social cualquier sector de la población; “no es casualidad que procedan de los municipios con más altos índices de marginalidad”.

Aguilar Acuña precisó que el Estado está obligado a velar por los derechos de todos los mexicanos, de ahí que debe crear y reforzar esquemas que les permitan mejorar las condiciones de vida de los trabajadores rurales, “obteniendo beneficios que garanticen la seguridad social para ellos y sus familias”.

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