El grupo parlamentario del PRI presentó una iniciativa para eliminar el carácter de subsidio del Programa de Apoyo para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (PAFEF) y establecerlo con carácter permanente, destinándole anualmente un monto de la recaudación federal participable equivalente a 30 mil millones de pesos.

El diputado Alberto Amador Leal propuso modificar el artículo 85 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para que los recursos correspondientes al PAFEF se integren anualmente al presupuesto, considerando un equivalente del 0.26 por ciento de la recaudación federal participable.

Señala que la distribución entre las entidades federativas será de acuerdo a la proporción que resulte del reparto de las participaciones federales del año fiscal anterior al ejercicio presupuestal correspondiente.

Al presentar su propuesta, el legislador explicó que los estados demandaron la creación del PAFEF, no obstante el gobierno federal le ha asignado carácter temporal y bajo una posición de reserva al considerarlos como subsidios.

Destacó que, independientemente de la reforma integral que se requiere para revisar a todas las partidas transferidas a estados y municipios, así como las potestades fiscales de los tres órdenes de gobierno, es necesario corregir “la distorsión generada al incluir este programa en la Ley de Presupuesto Federal y Responsabilidad Hacendaria y no en la de Coordinación Fiscal”.

Señaló que la inclusión del PAFEF a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria es cuestionable, en tanto que define los recursos de este programa como subsidios, los cuales tienen limitaciones para su ejercicio.

Dijo que a partir de 2001 los recursos para el PAFEF fueron considerados en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), y se destinaron ese año 13 mil 157.8 millones de pesos a través del Ramo 23. Dichos recursos han ido en aumento hasta llegar en 2006 a 22 mil 500 millones de pesos.

No obstante, explica que en reiteradas ocasiones el gobierno federal ha omitido incluir la partida en la iniciativa del decreto del PEF.

Añadió que desde la creación del PAFEF se han presentado diversas iniciativas para otorgarle carácter permanente a esa partida a través de su incorporación al Ramo 33. La propuesta se envió a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Proponen regular cobro de comisiones bancarias

Más adelante, el grupo parlamentario del PRI propuso que el Banco de México determine, mediante reglas de carácter general, el régimen de las comisiones que las entidades financieras puedan cobrar por los servicios de pago que ofrecen al público y sus modificaciones, previa opinión favorable de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).

AL presentar la propuesta de reformas al artículo 7 de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, y el 46 de la Ley del Banco de México, el diputado Eduardo Espinosa Abuxapqui señaló que el objetivo es establecer un mecanismo para determinar las comisiones que cobran los bancos por los servicios que prestan y otorgar facultades a la CNBV y a la Condusef para aprobar las modificaciones y el establecimiento de nuevas comisiones bancarias.

El legislador señaló que los ingresos por este concepto tienen cada vez más importancia para las operaciones de la banca comercial, sin embargo, los bancos no deben basar sus ganancias en el cobro de comisiones, sino en ser intermediarios financieros.

En este sentido, señaló que si los bancos pusieran mayor énfasis en esa función, se incrementarían los créditos al pequeño, mediano y gran productor, lo que beneficiaría al empleo, pues aumentarían los niveles de inversión.

Añadió que las altas comisiones van en detrimento de los ciudadanos que se ven forzados a utilizar las tarjetas de crédito, débito, apertura de cuentas, uso de cheques y pago de servicios, entre otros.

Explicó que durante el primer trimestre de este año los bancos obtuvieron ingresos, por comisiones netas, de 12 mil 520 millones de pesos, lo que representa 27.8 por ciento de sus ingresos totales de operación. La propuesta se envió a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Penas mayores a violación, secuestro y corrupción de menores

En su oportunidad, el diputado Víctor Valencia de los Santos (PRI), presentó una iniciativa de reformas al artículo 25 del Código Penal Federal para aplicar a una misma persona penas que en su conjunto rebasen 60 años y que signifiquen, prácticamente, la prisión vitalicia o la cadena perpetua, en los casos de homicidio doloso, secuestro y abusos sexuales en perjuicio de mujeres y niños.

La propuesta establece que la prisión consiste en la privación de la libertad corporal. Su duración será de tres días a 60 años y sólo podrán imponerse penas cuya acumulación rebase el límite máximo cuando se cometa un nuevo delito en reclusión o se trate de concurso de delitos previsto en el artículo 18 de este código, en los cuales deberá imponerse pena por cada delito cometido aun cuando excedan el máximo de la pena en prisión”.

Dichos delitos son: tráfico de estupefacientes; corrupción de menores; violación de menores y de discapacitados; abuso sexual y violación; homicidio calificado de menores, mujeres, personas adultas mayores y discapacitados; privación de la libertad y tráfico de menores.

La propuesta se envió a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

Escudo Nacional

Más adelante, el diputado Héctor Hugo Olivares Ventura (PRI) presentó una iniciativa de reformas a la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, a fin de determinar en su artículo 5° que el diseño e imagen del escudo, no podrán variarse o alterarse bajo ninguna circunstancia o en cualquier medio de uso oficial.

La reforma planteada al artículo 6 señala que su uso en papelería, o cualquier otro medio oficial, deberá apegarse estrictamente a lo establecido en los artículos 2° y 5°.

Propone modificar el artículo 56 para que, si un funcionario contraviene lo señalado en la ley, se apliquen las sanciones previstas en la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, sin perjuicio de que la Secretaría de Gobernación imponga la multa correspondiente. Se envió a la Comisión de Gobernación para su estudio y dictamen.

Fortalecimiento de las finanzas públicas municipales

Con el objetivo de colocar a los tres órdenes de gobierno en condiciones de igualdad en materia de contribuciones, el diputado Gustavo Ildefonso Mendívil Amparán (PRI) propuso reformar el párrafo primero de la fracción IV del artículo 115 de la Constitución.

Explicó que los bienes del dominio público realizan contribuciones a los estados y la Federación por servicios básicos, sin embargo, estos últimos no contribuyen al municipio, por lo que consideró necesario eliminar esa exención.La propuesta se remitió a la Comisión de Puntos Constitucionales.

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