Con el propósito de endurecer las leyes y se pueda aplicar a una misma persona penas que en su conjunto rebasen 60 años y que signifiquen, prácticamente, la cadena perpetua, en los casos de homicidio doloso, secuestro y abuso sexual en perjuicio de mujeres y niños, el diputado Víctor Valencia de los Santos (PRI) presentó una iniciativa que reforma el artículo 25 del Código Penal Federal.

El legislador señaló que la prisión consiste en la privación de la libertad corporal, mientras que su duración será de tres días a 60 años y sólo podrán imponerse penas cuya acumulación rebase el límite máximo cuando se cometa un nuevo delito en reclusión o se trate de delitos previstos en el artículo 18 de este código; deberá imponerse castigo por cada uno, aun cuando excedan el máximo de la pena en prisión.

Indicó que los delitos son: tráfico de estupefacientes; corrupción de menores; violación de menores y de discapacitados; abuso sexual y violación; homicidio calificado de menores, mujeres, personas adultas mayores y discapacitados; privación de la libertad y tráfico de menores.

Valencia de los Santos manifestó que la intención es que los jueces, en respuesta a los reclamos de la sociedad en materia de seguridad y defensa social contra la delincuencia, puedan aplicar a una misma persona penas que en su conjunto rebasen 60 años y que signifiquen la cadena perpetua.

Precisó que la reforma no propone derogar el derecho a la readaptación y a la reinserción social de los delincuentes sino establecer excepciones con relación a los delitos en que, por la ofensa y el daño social, se impone el criterio preventivo e inhibitorio a la proliferación de conductas antisocialesgraves y dañinas.

El diputado del PRI expresó que no se aplicará el límite máximo establecido cuando el agente de la comisión de algún delito (tráfico de estupefacientes y tráfico de menores) utilice o se sirva de personas menores de 18 años de edad o de una persona que no tenga capacidad de comprender el significado del hecho.

Finalmente, Víctor Valencia mencionó que el desarrollo del crimen ha hecho reflexionar a la sociedad sobre la validez de los principios prevalecientes en la Carta Magna, por lo que hoy se hace necesario fortalecer la convicción del valor jurídico y social, a efecto de reestructurar el orden y la seguridad pública.

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