A raíz de los hechos violentos que relató la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) durante la reubicación de comerciantes en Texcoco y San Salvador Atenco, la diputada Ana Yurixi Leyva Piñón (PRD) pidió que se exhorte al secretario de Seguridad Pública, Eduardo Medina Mora, y al gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, a que cumplan la recomendación 38/2006.

En un punto de acuerdo publicado en la gaceta parlamentaria se afirma que la intervención policiaca resultó en la muerte de un menor, la de un estudiante universitario, la detención de más de 200 personas y centenares de heridos.

Posteriormente, la CNDH dio a conocer el informe preliminar sobre los hechos ocurridos el 3 y 4 de mayo, del que se desprendieron flagrantes violaciones de los derechos humanos, entre las cuales configuraron delitos de lesa humanidad, opinó.

“La CNDH informó que recibió más de 200 quejas que acreditan lesiones como consecuencia de tratos crueles, inhumanos o degradantes; daños en propiedad ajena; cateos ilegales; robos; incomunicación; amenazas, y dilación o negligencia médica”, abunda el texto de la diputada.

Consecuentemente, se solicitó al secretario de Seguridad Pública Federal que inicie y resuelva procedimientos administrativos de responsabilidad contra servidores públicos de la PFP.

Así como el establecimiento de acciones para la adecuada prevención del trato cruel o degradante y de la tortura, mediante la capacitación de elementos de esta corporación.

Al gobernador del Estado de México se le solicita dar vista a la contraloría estatal para que inicie procedimientos administrativos contra elementos de la Agencia de Seguridad Estatal y sus corporaciones policiales; a que realice la reparación del daño o indemnización en favor de los deudos de los muertos; y un censo de las 207 personas detenidas para que se les proporcionen los servicios médicos y de rehabilitación que requieran.

La propuesta también busca que se integre una comisión plural de legisladores para dar seguimiento al tema; el punto de acuerdo fue turnado a las comisiones unidas de Seguridad Pública y de Justicia y Derechos Humanos.

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