La Cámara de Diputados exhortó al titular del Ejecutivo para que, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y los Consulados de México en Arizona, se dé seguimiento a la confiscación de remesas, dirigidas hacia el estado de Sonora, que hicieron autoridades estadounidenses a la empresa Western Union.

Lo anterior para que se realicen las acciones diplomáticas y legales correspondientes, a fin de no afectar el envío de montos a México y proteger la economía de las familias mexicanas.

El diputado Gerardo Aranda Orozco (PAN) explicó que el Procurador de Arizona, Terry Goddard, ordenó congelar e incautar las transferencias (de 500 dólares o más) desde 29 estados de aquel país hacia Sonora, argumentando que una parte se usa para el narcotráfico y tráfico de personas.

Asimismo, indicó que la compañía Wester Union interpuso un recurso judicial para evitar la retención, alegando violación a cláusulas de comercio y garantías jurídicas; “el 30 de octubre hay una audiencia en el Tribunal Superior del Condado de Maricopa, Arizona, donde habrá de dirimirse este asunto”, informó.

El legislador panista aseguró que comparte la preocupación por combatir eficazmente al narcotráfico y tráfico de personas, pero que le resulta inquietante que cientos de familias sean afectadas por la incautación de más de seis mil transferencias; “resultaría en daños y pérdidas incalculables”, reiteró.

Por su parte, el diputado José Edmundo Ramírez Martínez (PRI) solicitó a sus compañeros legisladores valorar la importancia de las remesas, puesto que en la actualidad son la principal vía de obtención de divisas del país; “sólo en 2005 sumaron casi 20 mil millones de dólares”.

Son un ingreso vital para el desarrollo integral de México y factor fundamental para terminar con la pobreza, toda vez que la economía del país es incapaz de generar el empleo necesario para absorber a los trabajadores.

No obstante, mencionó, es un hecho dramático porque el dinero proviene de personas que salieron de México por falta de oportunidades.

En tanto, el diputado Joaquín de los Santos Molina (PRD) aseveró que la acción del Procurador de Arizona lesiona severamente a México.

Acotó que el hecho de que se cobre del diez al 25 por ciento del total de la cantidad que se envía es dañino para los migrantes, sobre todo cuando en promedio mandan 310 dólares mensualmente a sus familias.

La diputada Ana María Ramírez Cerda (PVEM) se sumó al exhorto y sostuvo que su partido luchará por revertir la mala imagen que hay de los migrantes en la opinión pública de Estados Unidos.

La propuesta lleva el aval de los coordinadores de los ocho grupos parlamentarios en San Lázaro.

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