El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Jorge Zermeño Infante, lamentó la aprobación de la Ley HR-6061 por parte del Ejecutivo de Estados Unidos, la cual contempla, entre otros, la construcción de un muro de mil 123 kilómetros en la frontera de México y aquella nación.

Indicó que la actitud de levantar muros entre dos países que son vecinos, socios y en donde viven millones de mexicanos en uno y otro lado, es poco amistosa.

“Es una actitud que repudiamos quienes deseamos que las relaciones se conduzcan con respeto, además de que la decisión no resuelve el problema; es dinero mal utilizado por Estados Unidos. Lamentamos mucho que mantenga esta posición”, subrayó.

No obstante, el legislador manifestó su confianza para que la relación con aquel país no sólo se mantenga sino que mejore, porque más allá de decisiones cupulares del gobierno de Estados Unidos, hay relación de amistad entre ambos pueblos que va más allá del levantamiento de barreras físicas.

Zermeño Infante dijo que haciendo un balance justo de la política exterior de la presente Administración, en particular para abrir una discusión sobre el tema migratorio y luchar por el respeto a nuestros connacionales que emigran a Estados Unidos, es un gran esfuerzo.

“Por primera vez en muchos años el tema migratorio ha estado en discusión e incluso ahí están las iniciativas en el Congreso estadounidense. No hay que olvidar también el logro que tuvo el gobierno que encabeza el Presidente Vicente Fox de tener una matrícula consular que proporciona identidad a millones de compatriotas que radican en Estados Unidos y que les permite el acceso a servicios sociales, financieros y administrativos”.

Reconoció que el fenómeno migratorio no es nuevo ya que éste se registra desde otros sexenios.

Mencionó que es innegable que el Presidente Electo hará un pronunciamiento en contra de la aprobación de la Ley HR-6061 durante su visita a aquel país, como en su momento lo hizo la Cámara de Diputados.

Y es que el pasado 6 de octubre, esta soberanía manifestó su absoluto rechazo a la decisión del Congreso de Estados Unidos de aprobar la referida ley, además de expresar su solidaridad con los seis millones de mexicanos indocumentados que laboran en Estados Unidos, al considerar que no pueden ser catalogados como delincuentes sino, por el contrario, como empleados que contribuyen al desarrollo de ambos países.

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