La aplicación de la Ley de Comisiones Militares, aprobada recientemente en Estados Unidos, puede afectar a nuestros connacionales, pues a contracorriente del derecho internacional, legaliza la tortura, con lo quecorren el riesgo de ser catalogados como terroristas y lo que ello implica.

Así lo advirtió el diputado Pablo Leopoldo Arreola Ortega (PT), quien dijo que no existe ninguna justificación para admitir la tortura, y que en razón de que México preside el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, nos coloca en una condición de responsabilidad ante la comunidad internacional para la defensa de los derechos humanos.

De ahí que presentó un punto de acuerdo para que la Secretaría de Relaciones Exteriores instruya al embajador Luis Alfonso de Alba para que, en su carácter de Presidente del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, exhorte al gobierno de los Estados Unidos a apegarse a la legislación internacional en materia de tortura y no aplique la citada ley.

El documento turnado a la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados para su estudio y dictamen, consideró fundamental que de ninguna manera permitamos que, con el pretexto de la guerra antiterrorista, civiles inocentes sean torturados y despojados de sus más fundamentales derechos.

Destaca que dicha medida será adicional a las penurias que cotidianamente padecen nuestros connacionales, como los abusos de los llamados “coyotes”, la amenaza de ser cazados por los minuteman, el racismo y la discriminación.

Refirió que desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, y luego de la experiencia de los Tribunales Militares de Nuremberg y Tokio, existe en derecho internacional, el principio de no tolerar conductas que vulneren la dignidad de las personas, entre ellas la tortura, debido a que es uno de los delitos que destruye lo más preciado del ser humano.

Por otro lado, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos regula la prohibición absoluta de la tortura en su artículo siete, que a la letra establece: "Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. En particular, nadie será sometido, sin su libre consentimiento a experimentos médicos o científicos".

Ello significa que, a diferencia de la regulación de otros derechos humanos, no existe ninguna justificación para admitir la tortura. En consecuencia, inclusive en situaciones excepcionales se preserva la protección de la persona de esa práctica, indicó.

Dijo que México firmó el Protocolo facultativo de la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

El 15 de marzo de 2006, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la resolución 60/251, que estableció el Consejo de los Derechos Humanos como uno de sus órganos subsidiarios, en sustitución de la actual Comisión de Derechos Humanos.

Dicho acto elevó el nivel jerárquico de los derechos humanos como uno de los tres pilares que sostienen la acción colectiva de la comunidad internacional, junto a los temas del desarrollo y el mantenimiento de la paz y la seguridad.

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