El Pleno de la Cámara de Diputados avaló, en votación económica, la convocatoria para realizar el Primer Foro Parlamentario de Consulta sobre Educación Media Superior, Superior y Ciencia y Tecnología en México.

Al hacer uso de la palabra para hablar a nombre de las comisiones unidas de Educación Pública y Servicios Educativos y de Ciencia y Tecnología, el diputado del PRD, Tonatiuh Bravo Padilla, destacó que uno de los principales objetivos de dicho foro es la construcción de una plataforma de lineamientos y políticas de Estado para la educación media superior, superior y ciencia y tecnología.

“Lograr el financiamiento de la educación, la ciencia y tecnología mediante un pacto entre los tres órdenes de gobierno, los poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial, académicos y empresarios”.

En tanto, la diputada Silvia Luna Rodríguez, de Nueva Alianza, dijo que México enfrenta un gran desafío para hacer de la ciencia y la tecnología sectores estratégicos para el desarrollo del país.

Para ello, abundó, “tenemos que partir de una visión clara y de un diagnóstico objetivo sobre el estado en el que se encuentra nuestra política de apoyo a la investigación”.

Destacó que en otros foros se ha hablado sobre la necesidad de una política de Estado en ciencia y tecnología, “pero desafortunadamente, en estos años hubo poca atención para fortalecer a las instituciones sobre las que recae el conocimiento y la investigación”.

Mencionó que no se puede posponer por más tiempo colocar a la ciencia como una de las prioridades del Estado y en este sentido aseguró que la convocatoria del Primer Foro Parlamentario es una oportunidad propicia para fijar una agenda legislativa.

Añadió que para hacer frente a este reto es necesario comenzar a resolver los rezagos, pues no se puede permitir que nuestras universidades públicas se ahoguen por la ausencia de recursos.

Otro de los propósitos del foro es revisar la Ley General de Educación para la redefinición de las reglas en el otorgamiento del Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios en los niveles estatal y federal, a fin de que existan exigencias unificadas en criterios de calidad y pertinencia, así como la regulación de la participación de proveedores extranjeros en el sistema de educación.

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