Con el objeto de conocer las versiones finales de los contratos para el suministro de gas natural adjudicados a las empresas Shell-Gas y Sempra Energy, el diputado Antonio Soto Sánchez (PRD) presentó un punto de acuerdo que solicita a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) remita tal informe.

En la exposición de motivos, el legislador señaló que no es comprensible que la CFE, como principal consumidora de gas y suministradora de electricidad en el país, haya acordado la importación de gas natural licuado (GNL) antes que coordinar con Petróleos Mexicanos el aprovechamiento de los recursos gasíferos nacionales.

Manifestó que en octubre de 2003, la CFE asignó a Shell-Gas una importante cantidad de gas natural proveniente de la planta de regasificación que esa empresa construía en el puerto de Altamira, y en enero de 2005 le dio a Sempra Energy, 235 millones de pies cúbicos diarios, provenientes de la planta Costa Azul, de Baja California.

Soto Sánchez refirió que el consumo de gas natural en México ha sufrido una transformación radical, ya que en 1995 la demanda de gas para la generación de electricidad representaba 27 por ciento del total y en el 2005 se elevó hasta 60 por ciento.

El diputado del PRD expresó que las prospectivas sobre el mercado de gas natural en México establecen que en el 2009 se registrará el pico de extracción nacional, con 6 mil 956 millones de pies cúbicos diarios.

Lo que coincidirá con una importación de GNL hasta por 500 millones de pies cúbicos (mmpcd), que se agregarían a los mil 180 mmpcd que llegarían por ducto, frente a un consumo total de 7 mil 303 mmpcd.

Subrayó que la incorporación del GNL al mercado mexicano tendría que entenderse sólo como un complemento para las regiones inalcanzables por el sistema nacional de gasoductos o como válvula de alivio en situaciones críticas, pero no como un componente central de la oferta nacional.

Finalmente, indicó que la posición de la CFE no es coincidente con el interés nacional, porque es atar el suministro de dos insumos estratégicos -gas y electricidad-, y a entidades cuyas decisiones se toman fuera del ámbito nacional.

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