Tras considerar que la expropiación de 27 ingenios efectuada en 2001 por el gobierno federal fue un saneamiento con cargo a las finanzas públicas para favorecer a los industriales azucareros y no a los trabajadores, el grupo parlamentario de Convergencia propondrá la creación de una Comisión Especial que investigue el caso.

En un punto de acuerdo que será abordado la semana próxima ante el Pleno, publicado en la Gaceta Parlamentaria, se refiere que el 3 de septiembre del 2001, el presidente Vicente Fox decidió expropiar por "causas de utilidad pública" 27 de los 36 ingenios azucareros del país; cuatro años y medio después tuvo que devolverlos a sus dueños originales por un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Indica que de acuerdo con los informes sobre la revisión de la cuenta pública de los años 2001, 2002 y 2003 se observaron diversas irregularidades que sugieren que, más que una expropiación, el asunto de los ingenios fue un saneamiento con cargo a las finanzas públicas.

También señala que se aprovechó que Financiera Nacional Azucarera (Fina) desde el año 2000 había entrado en un proceso de liquidación y disolución, ya que a diciembre de 2001 había registrado pérdidas por aproximadamente 13 mil 837 millones de pesos y sus deudas superaban en 10 mil 216.3 millones de pesos, los pocos activos que aún mantenía.

Agrega que datos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) señalan que en la Cuenta Pública de 2001, 26 de los 27 ingenios expropiados en septiembre de 2001 mantenían adeudos con Fina por 15 mil 373 millones de pesos, estos pasivos pasaron a manos del gobierno a través de la financiera, que ya se encontraba en proceso de liquidación.

“En la revisión de la Cuenta Pública del 2002 se observó que para administrar los ingenios expropiados, el gobierno federal creó el 10 de octubre de 2001, un fideicomiso en Nacional Financiera denominado Fondo de Empresas Expropiadas del Sector Azucarero (FEESA), que tendría como objetivo administrar los bienes expropiados”, indica el documento elaborado por Convergencia.

Señala que para administrar y operar las empresas azucareras, FEESA constituyó una empresa denominada Promotora Azucarera, SA de CV (Proasa), quien a su vez creó el Fideicomiso Comercializador (Fico).

Añade que en su informe sobre la revisión de la Cuenta Pública del 2002, el auditor Arturo González de Aragón realizó diversas observaciones a la operación de este fideicomiso, concluyendo que no tenía por qué haber creado a Proasa y mucho menos a Fico.

A pesar de lo anterior, indicó, el gobierno federal devolvió los ingenios prácticamente saneados con cargo a las finanzas públicas y por lo tanto a los contribuyentes.

“De nueva cuenta, el gobierno a través de complicados esquemas financieros, en los cuales no se descarta la corrupción y la negligencia, pretende ocultar las grandes pérdidas que para el erario público representan los rescates del capital, argumentando la utilidad pública”, refiere.

Y es que de acuerdo con datos publicados por la ASF, al 31 de diciembre del 2003, los estados financieros de los ingenios expropiados reflejaban una mejoría en sus resultados al presentar una disminución de sus pérdidas netas de 58.8 por ciento y 48.8 por ciento con relación a los ejercicios de 2001 y 2002 respectivamente.

Convergencia menciona que a partir de la expropiación fallida, se ha observado una notable mejoría en su situación financiera, de tal manera que al 31 de diciembre del 2001, 24 ingenios presentaban un déficit de operación y sólo 3 un superávit.

“Al 2003, el número de ingenios con déficit fue de sólo 7 y 20 los que obtuvieron un superávit.

En ese año, concluye, los ingenios expropiados obtuvieron en conjunto, ingresos por 13 mil 508 millones de pesos, derivados de la comercialización de azúcar y subproductos, mostrando así un incremento de casi 7.8 por ciento con respecto a lo obtenido en el 2002. “Es claro que en materia de rescates financieros, el gobierno continúa repitiendo los errores del pasado”.

-- ooOoo --