Para que cualquier partida de gasto público pueda ser fiscalizada, ya sea que la administre una entidad pública o privada, una persona física o moral, o se trate de fideicomisos públicos, privados y mixtos, el diputado Antonio Xavier López Adame (PVEM) presentó una iniciativa que reforma la Constitución y otras leyes.

“En la medida en que los representantes populares fortalezcamos el andamiaje jurídico para vigilar el buen uso y destino de los recursos públicos, dependerá el grado en que la ciudadanía confíe y encauce sus demandas por las vías institucionales y los procesos democráticos”, expuso desde tribuna.

Específicamente, propone modificaciones al artículo 79 constitucional, la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y el Código Penal Federal.

López Adame consideró que todo recurso federal asignado a entidades públicas o privadas, debe ser sujeto de control; ejemplificó, la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos no esclarece si han de considerarse a personas físicas y morales, públicas o privadas, así como a los fideicomisos públicos, privados o mixtos.

Mencionó que esta omisión permite a sujetos o entidades, que debieran ser destinatarios de la norma, ejerzan recursos sin la posibilidad de ser auditados y, “mucho menos”, reciban sanciones equiparables a las de los funcionarios públicos por el inadecuado manejo de ellos.

En su exposición de motivos, el diputado cita a la ministra Margarita Beatriz Luna Ramos, ponente en el juicio de garantías promovido por Joaquín Serrano Limón, ex representante legal del Comité Provida, cuando éste fue denunciado por malversaciones de fondos públicos:

"Aun cuando no se trata de un servidor público, sí es sujeto de aplicación de la ley, en virtud de que manejó recursos que provenían del erario público y, como tal, tiene responsabilidad frente a la sociedad respecto de estos recursos", dijo la ministra.

Las reformas pretenden, además, instituir la posibilidad de controversias constitucionales para determinar la naturaleza de los recursos ejercidos por un particular, mediante la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; la iniciativa fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales.

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