La fracción parlamentaria del PRI en la Cámara de Diputados propuso dotar al Ministerio Público de autonomía de gestión y presupuestaria, así como personalidad jurídica y patrimonios propios, a fin de garantizar la procuración e impartición de justicia.

Al presentar la propuesta que modifica diversas disposiciones de la Constitución y las Leyes Orgánicas de la Administración Pública Federal y de la PGR, el diputado José Rosas Aispuro Torres dijo que es necesaria la transformación de esa institución para que garantice el pleno ejercicio y derechos de la sociedad.

Aclaró que la reforma no implica la ruptura del principio de la división de Poderes, sino que favorece la realización de determinadasfunciones que deben ser ejecutadas de manera independiente y ajena a cualquier interés político.

Para ello, dijo, los ministerios públicos deberán ser órganos autónomos desligados de cualquier relación de dependencia de los tres Poderes de la Unión, cuyas resoluciones serán también de manera autónoma para garantizar imparcialidad en su actuación y evitar la corrupción administrativa.

La propuesta se turnó a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia.

Los consejeros electorales podrían ser electos por consenso en votación de tres cuartas partes

Por su parte, el diputado Victorio Montalvo Rojas (PRD) presentó una iniciativa que reforma el artículo 41 de la Constitución y el 77 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), a fin de que los grupos parlamentarios elijan por consenso y en votación calificada de las tres cuartas partes del total de los miembros de la Cámara de Diputados, a los consejeros electorales del Consejo General del Instituto Federal Electoral.

Asimismo, la propuesta pretende que previa comparecencia de los candidatos demuestren su conocimiento en materia electoral y que el presidente y consejeros rindan un informe anual de actividades ante la Cámara de Diputados, además podrán ser citados ante ésta cuantas veces sean requeridos. Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Ampliar plazo para acciones de inconstitucionalidad

En tanto, el diputado Gerardo Octavio Vargas Landeros (PRI) propuso modificar el artículo 105 constitucional para ampliar el término para la interposición de la acción de inconstitucionalidad de 30 a 45 días naturales siguientes a la fecha de publicación de la norma.

Ello, dijo, para equiparar el plazo que se tiene para promover el juicio de amparo contra leyes, que es de 30 días hábiles. La propuesta se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Comparecerían funcionarios por incumplimiento de recomendación de CNDH

La diputada Alliet Mariana Bautista Bravo (PRD) pidió reformar diversas disposiciones de las Leyes Orgánica de la Administración Pública Federal, Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Lo anterior, precisó, dotará de facultades de control al Congreso de la Unión para hacer comparecer a los servidores públicos cuyo incumplimiento de una recomendación de la CNDH se haga del conocimiento de ambas cámaras. Las comisiones legislativas deberán citar a los funcionarios o autoridades responsables con objeto de que expliquen las razones de su conducta o justifiquen una omisión.

Facultades a los estados para organizar el sistema penal

La diputada Mónica Arriola Gordillo (Nueva Alianza) presentó una iniciativa que reforma el artículo 18 de la Constitución para que los gobiernos estatales organicen el sistema penal en sus respectivas jurisdicciones.

El trabajo y la educación, dijo, serán obligatorios para la readaptación social. Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Derechos para trabajadores informales

En su oportunidad, el diputado David Mendoza Arellano (PRD), propuso modificar diversas disposiciones de las Leyes Federal del Trabajo, del Seguro Social y del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores, con el objetivo de que los trabajadores informales gocen de plenos derechos y se constituya un Registro Público Nacional de los Trabajadores Informales.

Para ello, las autoridades deberán otorgar los permisos para el uso de áreas y vías públicas, los trabajadores informales no podrán ser penalizados por el Estado en el desempeño de su actividad, no se les podrá decomisar su mercancía y se les respetará el lugar público donde realicen su actividad. Se turnó a la Comisión de Seguridad Social.

Combate al tráfico de especies

El diputado Antonio Xavier López Adame (PVEM), dio a conocer una iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, a efecto de dotar a la Procuraduría General de la República de instrumentos legales para actuar y perseguir a las bandas de traficantes de especies y grupos de taladores ilegales.

Las modificaciones, precisó, contribuirán a combatir el tráfico de especies y la deforestación, toda vez que el sistema penal existente es insuficiente para impedir el comercio ilícito de especies y las restricciones legales que enfrenta la PGR para enfrentar ese tipo de delitos ambientales. Se envió a la Comisión de Justicia.

Descentralización de la política forestal

Más adelante, el diputado Alberto Amador Leal (PRI), presentó una propuesta para reformar y adicional los artículos 20, 24, 25 y 26 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, para la descentralización de facultades y recursos a las entidades federativas en esta materia.

Se establece, dijo, de manera más definitiva la transferencia de funciones a los estados que actualmente están a discreción de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y la incorporación de los gobernadores a la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional Forestal. Se envió a la Comisión de Medio Ambiente.

Comunicados

El Congreso del estado de Colima remitió una iniciativa que propone reformar el artículo 135 Constitucional, para que modificaciones a ésta sean aprobadas por la mayoría calificada de las legislaturas estatales y no sólo por la mayoría, a fin de ampliar el consenso entre las fuerzas políticas integrantes del Poder Legislativo. Se turnó para su estudio y dictamen a la Comisión de Puntos Constitucionales.

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