Impulsar reformas estructurales que permitan una coordinación entre el gobierno federal, estatal y municipal, la autonomía del Ministerio Público, la capacitación y profesionalización de cuerpos policiacos y la asignación justa y equitativa de recursos a las entidades federativas, sin restar importancia a los municipios, son elementos fundamentales para enfrentar la inseguridad que se vive a nivel nacional, afirmaron legisladores del PAN, PRI, PRD y PT.

Durante el debate que se difunde en el programa semanal “Frente a las Cámaras”, propusieron una mayor participación de los municipios para tomar decisiones más acordes con las demandas y necesidades que se tienen en la materia y destacaron la importancia de invertir en infraestructura educativa para generar oportunidades al desarrollo de los jóvenes como medida preventiva.

En su intervención, el diputado del PAN,Edgar Armando Olvera Higuera, reconoció el trabajo de la actual administración en materia presupuestaria; dijo que de los 14 mil 172 millones de pesos asignados, 5 mil millones corresponden directamente al Fondo de Apoyo para la Seguridad Pública (FASP).

Explicó que existen fórmulas para la asignación de recursos en cada entidad federativa, en base al número de habitantes por estado, al índice criminal, al catálogo delictivo, la población penitenciaria, el avance de los programas en materia de seguridad pública y a los proyectos de inversión planeados específicamente para seguridad en cada uno de los estados.

Por lo anterior, el diputado panista expuso la necesidad de revisar la forma en la que los estados “reparten” los recursos municipales para conocer la manera en la que se están aplicando y vigilar el cumplimento de los compromisos de los tres niveles de gobierno.

“Sí hay recursos, lo que sucede es que sigue habiendo impunidad y corrupción en los estados. El problema no es cuanto más se incremente el presupuesto para seguridad pública, sino una mayor eficiencia para aplicarlos directamente a la policía municipal”.

Como medida para enfrentar la problemática de inseguridad, Olvera Higuera sugirió la unificación de los cuerpos de seguridad pública de la policía federal y que los reclusos trabajen en beneficio de su readaptación y para hacer autofinanciable el sistema penitenciario.

A su vez, el diputado del PRI, José Rosas Aispuro Torres, reconoció la importancia del presupuesto para enfrentar la problemática de seguridad, sin embargo, consideró que además se requiere una reforma integral en la que se contemplen nuevas pautas para la asignación de recursos, la autonomía al Ministerio Público y métodos eficaces contra la corrupción al interior de los cuerpos policiacos.

El legislador manifestó su desacuerdo sobre el mecanismo de entrega de los recursos del FASP, los cuales están dirigidos sólo a las entidades federativas y corresponde a cada gobierno estatal decidir si distribuye una parte a los municipios, pues legalmente no tienen ninguna obligación.

Por lo anterior, Rosas Aispuro subrayó que los criterios que definen la entrega de recursos no atienden realmente el problema de cada localidad, por ello, dijo “tenemos que modificar la Ley de Coordinación Fiscal, porque no responde a las necesidades federalistas, se requiere un reparto más justo y equitativo hacia los estados y municipios”.

Por su parte, el diputado del PRD, Andrés Lozano Lozano, señaló que el presupuesto en materia de seguridad se ha visto mermado en los últimos años, ejemplo de ello son las cifras que revelan que en 1999 el monto asignado fue de cuatro mil 700 millones de pesos y en 2002 y 2003 pasó a dos mil 200 millones de pesos en aportaciones hacia los estados.

Sin embargo, indicó que para su bancada lo fundamental en materia de seguridad pública no es única y exclusivamente la inversión o los recursos que se le destinan, sino abatir la corrupción que, a decir del legislador, es un tema que se ha salido de control y sigue penetrando en los cuerpos federales.

Para lograr un sistema de justicia eficiente, propuso la profesionalización de los cuerpos policíacos y la modificación del sistema jurídico mexicano, en donde se contemple la autonomía del Ministerio Público y de los servicios periciales y la elaboración de una base de datos única de los policías que laboran en cualquier corporación, sea municipal, estatal o federal.

Por su parte, la diputada del PT, Rosa Elia Romero Guzmán, señaló la necesidad de supervisar que los Estados entreguen los recursos asignados a los municipios e instó a sus correligionarios a atender la prevención a través de la creación de centros educativos, deportivos y culturales. “Debemos trabajar en ello, analizar las condiciones particulares de cada Estado para abatir la problemática”, subrayó.

La legisladora se pronunció por capacitar a la policía municipal, estatal, federal, a fin de crear una “concientización” sobre la importancia del trabajo que realizan, el cual, aseguró, actualmente se ha “desvirtuado”.

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