Diputados de la Comisión de Desarrollo Social reconocieron ante el Relator Especial del Comité de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas (UNICEF), Norberto Liwsky, que a pesar de los avances en materia de protección a los derechos de la infancia y adolescencia hay retos que requieren de una participación más decidida del Estado.

Ello, luego de conocer el informe de observaciones y recomendaciones del representante de la UNICEF, quien aseguró que en México aún persiste la explotación sexual, trata de personas, discriminación, tortura, castigo corporal, violencia intrafamiliar, explotación laboral, así como la falta de acceso a la educación y a la salud.

El presidente del órgano legislativo, Héctor Olivares Ventura (PRI) aceptó que la brecha de desigualdad ha aumentado y un ejemplo de ello es que los indicadores de mortalidad materno-infantil no han disminuido al ritmo esperado.

No obstante, dijo que la Cámara de Diputados ratifica su compromiso para realizar un trabajo legislativo que armonice el marco jurídico nacional de acuerdo con lo estipulado en la Convención Sobre los Derechos del Niño y las normas internacionales.

Los diputados coincidieron en dar seguimiento a las recomendaciones y legislar sobre los puntos planteados.

El diputado Javier González Garza, coordinador de la fracción parlamentaria del PRD compartió la indignación ante los temas motivo de las observaciones y consideró que no habrá ningún legislador que opine lo contrario.

La diputadaAna Yurixi Leiva Piñón, de ese mismo partido, manifestó que todos los legisladores tienen la responsabilidad de dar cauce a las recomendaciones y llevar a cabo políticas de protección a la niñez, así como dar seguimiento y cumplimiento a las mismas.

En su intervención la diputada Lourdes Quiñones Canales (PRI) propuso incorporar deinmediato en la agenda legislativa la revisión del marco jurídico enla materia, a fin de actualizarlo conforme a los nuevos escenarios nacional e internacional y armonizarlo con el de las diferentes entidades.

Dijo que los diputados verificarán la instrumentación seguimiento y evaluación de las políticas públicas, programas y acciones que el Ejecutivo defina sobre el particular.

“Los diputados, expresó nos sentimos avergonzados, recibimos las recomendaciones con pesar, pero las aceptamos con compromiso y responsabilidad”.Añadió que “la dolorosa recomendación tiene su origen en la falta de preparación, irresponsabilidad y corrupción”.

Señaló que confrontarán los programas aprobados en la materia y los resultados obtenidos por las dependencias que tienen injerencia en la atención de esta problemática, así como los de diversas instituciones que recibieron recursos públicos para el financiamiento de algunas de sus acciones y en caso de detectarse irregularidades o comisión de un delito pugnarán para que se llegue a las últimas consecuencias

En tanto, la también diputada priísta, Arely Madrid Tovilla, se refirió a la violación a los derechos de los niños migrantes y la explotación sexual de que son objeto, “el propio cuerpo de las niñas es su pase y credencial para llegar a los Estados Unidos, ademásdentro del tráfico de drogas son ellas las que en la mayor parte son utilizadas.”

La legisladora pidióque el comité impulse máslos derechos de los miles deniños que nacen en las cárceles y que también están privados de la libertad.

La diputada Oralia Vega Ortiz (PRI) secretaria de la Comisión de Salud, señaló que es necesario que el presupuesto destinado a los estados marginados esté bien etiquetado y que llegue a los centros de salud rurales, para combatir el problema de la desnutrición.

De la misma bancada, el diputado Alfonso Izquierdo Bustamante secretario de la Comisión de Gobernación, reiteró que hay un compromiso solidario de la LX Legislatura para llevar a cabo las recomendaciones, a fin de tener el andamiaje político que le de soporte a las políticas públicas en la materia.

A su vez, Humberto Dávila Esquivel (Nueva Alianza) indicó que los derechos de los niños son prioritarios, por lo que es importante una legislación que permita protegerlos de la discriminación y de la violencia.

Por su parte, el Relator Especial del Comité de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas, reconoció los logros en materia legislativa para la protección de las garantías individuales de la infancia en nuestro país, sin embargo, manifestó su preocupación por la ineficacia del Estado en la aplicación de estas leyes.

Destacó que un claro ejemplo lo representa la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, los Niños y los Adolescentes, la cual, pese a que fue promulgada en el 2000, aún no ha sido integrada plenamente en las legislaciones de los estados.

En este sentido, exhortó al Estado mexicano para que adopte las medidas necesarias a fin de armonizar las leyes federales y estatales de acuerdo con la Convención sobre los Derechos de los Niños y las normas internacionales.

Señaló que el Comité está profundamente preocupado por las denuncias de casos de tortura y tratos crueles y degradantes en contra de los niños, en particular, los de la calle, infantes migrantes, marginados y las víctimas de explotación sexual y económica.

“Estamos preocupados también por el hecho de que el castigo corporal en el hogar continúe siendo legal y no se prohíba explícitamente en las escuelas, en instituciones penales y centros alternativos”, subrayó.

Insistió que México ha logrado avances en materia de protección a la niñez, no obstante, hay dificultades para hacer valer esa protección del Estado.

De igual forma dijo, “el Comité celebra que se haya creado un Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, que coordine la aplicación de los objetivos nacionales a favor de la infancia, sin embargo, lamenta el papel menor que ha desempeñado en la formulación de políticas oficiales y que no haya recursos ni leyes que le den a éste un mandato oficial”.

Recomendó también que el Estado considere la posibilidad de enmendar las leyes federales y estatales de protección con el objeto de fortalecer y mejorar los mecanismos de vigilancia de los derechos humanos a favor de la niñez, incluso para que la CNDH pueda recibir denuncias de niños.

“En su informe de observaciones finales, la UNICEF manifiesta su preocupación porque a pesar de que en los últimos decenios han aumentado los gastos sociales, las asignaciones presupuestarias destinadas a la infancia continúen siendo insuficientes, en particular, en el ámbito de la educación y la salud”, concluyó Norberto Liwsky.

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