Durante la comparecencia del Secretario de Seguridad Pública, Eduardo Medina Mora, diputados de oposición cuestionaron la intervención y permanencia de la Policía Federal Preventiva en Oaxaca y objetaron las acciones de la dependencia para combatir al narcotráfico.

El titular de la SSPF dijo que la intervención en el conflicto de Oaxaca fue para “restituir el orden y la paz públicos”; además, generar condiciones para que éste se resuelva por una vía institucional y pacífica.

Reiteró que los objetivos fueron garantizar la seguridad y evitar enfrentamientos ante el nivel de violencia severa entre grupos antagónicos, los cuales “rebasaron” al poder local.

También se incursionó, dijo, para proteger los bienes y libertades de quienes no forman parte del conflicto -la mayoría de la población- y garantizar los derechos democráticos.

“La intervención federal no intenta ni ha intentado imponer una solución en un sentido o en otro. Por eso decimos que ha sido cuidadosa y prudente, pero de ninguna manera sustituye la vía política”, subrayó.

En materia de combate al narcotráfico, admitió que, a pesar de que se han capturado a líderes en la infraestructura de comando, los cárteles reponen sus liderazgos.

Señaló que los 400 mil elementos del país carecen de capacitación homogénea y que sus ingresos son insuficientes, lo que resulta en una debilidad institucional de consecuencias “graves”.

Para combatir esto, informó, se creó el Sistema Nacional de Seguridad Pública que ha logrado, entre otras acciones, la instalación del número 066 de emergencia y el 089 de denuncia, en el 80 por ciento del territorio nacional.

PAN

Por Acción Nacional, los diputados Ángel Rafael Deschamps Falcón y María de los Ángeles Jiménez, reconocieron el interés del gobierno federal en torno a la seguridad pública y se congratularon por el aumento en un 140 por ciento en el presupuesto, con relacióna la administración anterior.

Reconocieron que se ha privilegiado la participación ciudadana en la materia y que, debido a la importante labor que realiza la PFP en programas y operativos específicos, que arrojan saldos blancos, hoy cada vez más estados solicitan su apoyo.

En otros temas, María de los Ángeles se lamentó que, de acuerdo con cifras del organismo, cada 7.5 segundos se comete un delito, son un promedio de 9 asaltos por hora, que cada día son robados 416 vehículos, que 160 personas sufren violencia delictiva y 80, sufren de un secuestro exprés.

Sin embargo, reconoció que sólo el 5 por ciento de los delitos son competencia del fuero federal, en tanto que el 95 por ciento restante es responsabilidad de autoridades locales.

Respecto al caso Oaxaca, dijo que la acción policial no constituye en sí una estrategia de apoyo hacia algún grupo y que está enfocada a velar por los derechos de la población civil.

“Esa que no va a exigir los sueldos caídos como seguramente lo harán los maestros y como lo pretenden los miembros de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca”, agregó.

PRD

Los diputados Armando Barreiro Pérez y Andrés Lozano Lozano, coincidieron en que, como en el régimen pasado, en este sexenio se utilizaron las fuerzas federales en contra de manifestaciones sociales legítimas, como han sido los casos de Oaxaca, San Salvador Atenco y la siderúrgica Lázaro Cárdenas.

Armando Barreiro demandó el retiro inmediato de la PFP de Oaxaca, el respeto la integridad física de los detenidos y la presentación con vida de los desaparecidos a causa del conflicto; además, exhortó a la dependencia a cumplir las observaciones hechas por la CNDH.

Estimó al programa México Seguro como un fracaso que se demuestra en las crecientes disputas entre los cárteles de la droga en varias regiones del país; consideró que han resultado más de mil 800 asesinatos por esta causa.

El titular de la PFP dijo que el programa México Seguro debe distinguirse en su diagnóstico del problema de seguridad pública; que del 2000 al 2005 hubo una reducción del 30 por ciento en este tipo de homicidios, no obstante, en los últimos 24 meses se registró un incremento significativo con “una violencia inusitada”, reconoció.

Silvia Oliva Fragoso y Efraín Morales Sánchez enfocaron sus participaciones al narcomenudeo, al “nuevo” cerco policiaco en el Palacio Legislativo, al rechazo de las recomendaciones de la CNDH, la pornografía infantil y la falta de control sobre las empresas de seguridad privada.

Medina Mora precisó que las reformas al Código Federal de Procedimientos Penales y a la Ley General de Salud son “una bocanada de aire fresco” en la lucha contra el narcotráfico, pues establecen competencias locales y federales al respecto.

PRI

En su turno, el diputado Roberto Badillo Martínez aseveró que la secretaría ha trabajado con una concepción equivocada al enfrentar la inseguridad, “pues los profesionales en la materia, los militares, han sido desplazados por personas, amigos de los funcionarios en turno que no saben cómo”.

En Oaxaca, apuntó, el gobierno actúo con innecesarias, torpes y absurdas demostraciones de fuerza; las acciones federales, dijo, sólo tienen de rescatable la intervención de las fuerzas de seguridad integradas por militares, pues “sustituyeron la ineptitud policiaca”.

El secretario aseguró que su administración parte de la premisa de no reconocer banderas partidistas y que la secretaría actuó de manera correcta para asegurar el bienestar de la sociedad.

En tanto, Yary Gebhardt Garduza, al hacer uso de la réplica, sostuvo que los índices de criminalidad aumentaron en el sexenio, a pesar de las acciones que pusieron en marcha.

Víctor Valencia de los Santos y Patricia Villanueva Abraján debatieron sobre el incremento del narcomenudeo y sobre el número de personas incorporadas a la sociedad como gente productiva, resultado de los programas del sistema penitenciario.

PVEM

El legislador Francisco Elizondo Garrido aseguró que la SSPF ha fungido de manera equivocada y con tintes represivos en casos como Atenco; refirió al respecto, que el titular de la CNDH asegura tener evidencias de violaciones por parte de policías durante el desalojo que tuvo lugar en dicha comunidad.

Asimismo, consideró que las políticas de la actual administración fueron “erróneas, carecen de resultados y están a punto de poner en riesgo la gobernabilidad en México”; el mayor ejemplo, dijo, es el narcotráfico.

Eduardo Medina Mora afirmó que la secretaría no coincide con los criterios expresados en las recomendaciones de la CNDH puesto que no precisan personas o condiciones de modo, tiempo o lugar, y por tanto no es pertinente aceptarlas.

En su réplica, Elizondo Garrido aceptó que la SSPF tuvo logros, “aunque no han sido los que se esperaban”; pidió al funcionario, además, que siga cumpliendo con sus funciones hasta el fin formal del sexenio.

Convergencia

El diputado Elías Cárdenas Márquez rechazó la intervención del ejército en el combate al narcotráfico pues, consideró, ha significado un detrimento de la institución marcial y resultado en la detención de muchos generales.

En respuesta, el funcionario reiteró la necesidad de una reestructuración de policías para generar una fortaleza institucional que permita combatir el tráfico de estupefacientes.

Informó que 62 municipios forman parte del Sistema de Planeación y Control Policial, un esquema que permite organizar las corporaciones para que enfoquen su servicio a las zonas de mayor incidencia delictiva.

Por otro lado, Juan Abad de Jesús se pronunció por el establecimiento de un código penal único a nivel nacional y, a nombre de su fracción parlamentaria, se comprometió a revisar las iniciativas que en la materia se analizan en la Cámara baja.

También participaron en la comparecencia los diputados Francisco Javier Santos Arreola y Miguel Ángel Arellano Pulido, del PRD, y Gregorio Barradas Miravete, del PAN.

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