La Comisión de Seguridad Pública aprobó tres puntos de acuerdo en sentido positivo, relativos al alto nivel de inseguridad en Tijuana, los hechos violentos sucedidos en Atenco y sobre el cumplimiento de diversas disposiciones de la Ley Federal de Seguridad Privada.

El primero, del diputado Luis Rodolfo Enrique Martínez (PAN), modificado por la Comisión, propone exhortar al gobernador de Baja California, Eugenio Elorduy, y al presidente municipal de Tijuana, Jorge Hank Rhon, a que informen sobre las acciones para capacitar a cuerpos policiacos ante el incremento de violencia en la ciudad fronteriza.

Sobre los hechos ocurridos en Atenco, el órgano legislativo, a propuesta de la diputada Ana Yurixi Leyva (PRD), aprobó un dictamen que exhorta al gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, a seguir investigando e informar sobre los avances del cumplimiento de la recomendación 38/2006, que emitió la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

También recomienda promueva la amnistía para las personas detenidas en los penales de Santiaguito y La Palma, resultado del operativo que la PFP y la policía estatal implementaron en las comunidades de Texcoco y San Salvador Atenco, en mayo.

Asimismo, y por unanimidad, se ratificó la petición de la diputada Silvia Oliva Fragoso (PRD) para que la Secretaría de Seguridad Pública informe a la Cámara de Diputados sobre el cumplimiento de diversas disposiciones de la Ley Federal de Seguridad Privada.

Específicamente, sobre el avance en la verificación de estas empresas, los convenios de coordinación institucional con los gobiernos estatales y municipales, entre otras acciones contenidas en la ley.

En la reunión ordinaria se votó a favor del programa anual de trabajo y se recibió a personal del Centro de Estudios de Finanzas Públicas para que explicaran a los legisladores la naturaleza y destino del presupuesto para la seguridad pública, como preludio a la aprobación del Ejercicio Fiscal 2007.

Se acordó la creación de subcomisiones que dividan el trabajo en rubros como el presupuesto, la fiscalización de fondos de seguridad pública, readaptación social y centros penitenciarios.

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