Tras la disputa generada entre las empresas de telefonía con la nueva implementación del programa “el que llama paga”, diputados del PAN, PRD, PRI, PT, Convergencia y Nueva Alianza coincidieron en la necesidad de revisar y fortalecer el marco jurídico de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) con objeto de otorgarle herramientas que le permitan la intervención oportuna en beneficio de la población.

Durante el debate que se difunde en el programa semanal “Frente a las Cámaras”, los diputados propusieron impulsar a la Cofetel para que propicie una competencia equitativa, verificar que todas las empresas cumplan la Ley y que el usuario se beneficie con el nuevo programa, al tiempo que instaron a los actores involucrados a asumir su responsabilidad y actuar en ejercicio de sus funciones.

El diputado del PAN, Antonio Vega Corona, se pronunció por regular la libre competencia a fin de que, tanto las empresas que ya están colocadas dentro de mercado como las que desean incursionar en él, tengan las mismas oportunidades.

“Esto se debió haber anticipado al presentar el nuevo programa, se debieron hacer las pruebas necesarias y el cabildeo con las empresas para que éstas negociaran sus costos y sus problemas de interconexión”, sostuvo.

Explicó que la disyuntiva tarifaria obedece a un problema de mercado, por lo que planteó que sea la entidad reguladora la que fije las reglas y el marco de convivencia entre los operadores que quieren entrar al mercado.

“Debemos procurar que la Cofetel tenga las herramientas y las leyes suficientes para poder hacer que esa competencia exista y que no hablemos de peces grandes y peces chicos, tratemos de impulsar a todos los que quieran invertir en esta industria que es muy próspera, porque un país que no tiene telecomunicaciones no es moderno”, afirmó.

Al respecto, el diputado del PRI Eduardo Sánchez Hernández aseguró que la solución se encuentra en la revisión y análisis del marco jurídico de la Cofetel y consideró que las reformas a la Ley de Telecomunicaciones y a la Ley Federal de Radio y Televisión generaron la impresión de que había sido robustecida la Comisión, lo cual, “es cierto solamente respecto de radiodifusión, pero no en telecomunicaciones”.

Por ello, el legislador determinó que se debe dotar a la Cofetel de facultades absolutas y necesarias para beneficiar al usuario y al desarrollo de las telecomunicaciones.

Sánchez Hernández resaltó la importancia de tomar en cuenta que las empresas telefónicas están generando empleos, pagan impuestos y aportan a la sociedad, por lo que estimó necesario tener condiciones de competencia equilibradas, “no puede ser posible que haya prácticas monopólicas que inhiban la entrada de nuevos actores al mercado de las telecomunicaciones”, anotó.

A su vez, el diputado del PRD, Alejandro Sánchez Camacho distinguió el beneficio para los grupos de menores ingresos que produce la nueva modalidad en telefonía celular, principalmente en aquellos lugares en donde no se ha instalado la telefonía fija.

Sin embargo, aclaró que su bancada no comparte la pugna que existe entre las grandes y pequeñas empresas, pues al único que se perjudica es al usuario.

Sánchez Camacho sugirió, además de un consejo técnico de investigación y la revisión del marco legal, ubicar como un producto de primera necesidad el uso de la telefonía celular, con la premisa de que más de 50 millones de mexicanos son usuarios y por tanto se debe terminar con los abusos.

Por su parte, el diputado del PT, Joaquín Humberto Vela González, reprobó la falta de un marco regulatorio que someta a todas las empresas a una lógica de comportamiento en donde se antepongan los intereses de lucro al servicio de la comunidad y advirtió sobre la posibilidad de la conformación de un oligopolio si las autoridades no actúan de manera eficiente.

Señaló que la Cofetel no ha regulado de manera eficiente a las empresas de telefonía, prueba de ello, dijo, es que algunas no están de acuerdo en cumplir la determinación del programa “El que llama paga”.

Debemos exigirle a la Cofetel que funcione, “la parte que a nosotros nos corresponde es revisar el marco normativo. Si cada quien hace su trabajo podremos estar en una condición adecuada”, reiteró.

Sugirió un marco regulatorio dinámico que se adapte a los cambios tecnológicos, pero que al mismo tiempo se oriente a que el incremento de la productividad y la nueva tecnología sea en beneficio de la gente, por lo que hizo un llamado a las compañías para que los servicios que prestan puedan servirle al conjunto de la sociedad, que sean claros en su sistema de marcación y que se utilice el servicio de la mejor manera.

En el mismo sentido se pronunció el diputado de Convergencia, José Manuel del Río Virgen, quien demandó a la Cofetel una mayor participación con la fuerza que le da la Ley; pero también con la autoridad que tiene y que no ha sabido utilizar.

“La Cofetel tiene la fuerza legal y moral para poner orden, cuenta con un marco jurídico y con el apoyo del Congreso y del Poder Ejecutivo; es cuestión de que aplique esa fuerza”, subrayó.

Del Río Virgen explicó que organismos como la Comisión Nacional de Competencia, la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor y Cofetel, son responsables de su buen funcionamiento y aseguró que no todas las soluciones deben emanar del Congreso, pues los legisladores han dotado de los mecanismos necesarios para que realice su trabajo.

La diputada de Nueva Alianza, Irma Piñeyro Arias, destacó la importancia del servicio de telecomunicaciones en el mercado económico al considerar que con la nueva modalidad “El que llama paga” se incrementa el número de llamadas, se da un mayor tráfico en las líneas y se reducen los costos, sin embargo, dijo, existe un problema de carácter técnico operativo y de información, producto de la disputa entre las empresas por la interconexión.

“Hay un conflicto de intereses entre las empresas; la competencia involucra no solamente a la telefónica móvil, sino también a la fija, estamos hablando de 72 millones de usuarios, de un mercado de más de 105 mil millones de pesos”, apuntó.

Dijo que como legisladores les corresponde cuidar, vigilar y exigir que se cumpla con el cometido de resguardar los derechos de los usuarios y de quienes tienen la necesidad de acceder a este servicio, por lo que planteó la necesidad de supervisar las acciones de la Cofetel, a fin de dar certidumbre sobre el costo, la calidad de las empresas y la transparencia en los recibos de pago.

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