Al conmemorar el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres y Niñas, los grupos parlamentarios representados en la Cámara de Diputados coincidieron en señalar la insuficiencia de políticas y programas de prevención, atención y sanción a este flagelo y se pronunciaron por impulsar reformas legales que garanticen el respeto irrestricto a los derechos humanos de este sector.

En su oportunidad, la diputada del PAN Nelly Asunción Hurtado Pérez, indicó que la prevención, sanción y erradicación de estas agresiones requiere transformaciones jurídicas y cambios estructurales en la educación para incidir en los patrones culturales de maltrato a las mujeres, así como el compromiso de los poderes de la Unión, los tres órdenes de gobierno y la sociedad.

Reconoció que se debe realizar una gran labor legislativa respecto a este problema, pues ocho estados de la República no regulan en sus marcos jurídicos la violencia familiar; 13 códigos penales tipifican la violencia entre cónyuges; en casi todas las entidades no hay medidas para determinar protección a víctimas de violencia familiar y en 11 la Constitución local no establece la igualdad entre hombres y mujeres.

Más adelante, la diputada Aurora Cervantes Rodríguez (PRD) se pronunció por armonizar las leyes nacionales con los acuerdos internacionales, pues “parece que México los firma para quedar bien con la comunidad internacional, pero no dedica tiempo a la elaboración de leyes que reglamenten el castigo de violación a los derechos humanos femeninos”.

Asimismo, solicitó a la asamblea guardar un minuto de silencio por las mujeres y las niñas muertas a causa de la violencia.

Del PRI, la diputada Patricia Villanueva Abraján señaló que para eliminar el maltrato hacia las mujeres y las niñas son necesarios recursos económicos, voluntad política, conciencia y acción conjunta. “Cualquier otro enfoque es darle la vuelta a la pelota de la hipocresía, la condescendencia y las efemérides sin compromisos”, por lo que se pronunció por impulsar políticas públicas que incidan en el cambio de esta realidad.

A su vez, Pilar Guerrero Rubio (PVEM), indicó que la política encaminada a abolir la violencia ha dado resultados insuficientes, pues hay demasiados compromisos internacionales, leyes e instrumentos que no se aplican eficazmente ante este problema.

Mencionó que 48 por ciento de las personas que emigran a Estados Unidos son mujeres, quienes viven una situación de vulnerabilidad y abuso de manera más grave, pro lo que propuso proteger a este grupo “que es abandonado a su suerte” y se promueva con los vecinos del Sur y del Norte, que se incluyan en las políticas migratorias la protección irrestricta de los derechos humanos de las migrantes.

Enseguida, María Mercedes Maciel Ortiz (PT) hizo un llamado a los senadores para que aprueben la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia que, entre otras cosas, contiene obligaciones del Gobierno Federal y las Secretarías para impulsar las medidas que la garanticen y tipifica el feminicidio como delito grave.

Además, dijo, es necesario impulsar la igualdad familiar, promover una educación basada en el diálogo, la tolerancia, la aceptación y la complementación.

Asimismo, María del Carmen Salvatori Bronca (Convergencia) dijo que “a mayor instrucción, el porcentaje de violencia es más alto, reflejando 48 .7 por ciento a nivel superior, y un 38 por ciento para mujeres sin instrucción”.

Explicó que la encuesta sobre Violencia Intrafamiliar del INEGI reveló que hasta 2003 el porcentaje de mujeres con un incidente de violencia, en el rubro de “edad” fue de 46.6 por ciento; igual que por “entidad federativa”, siendo Sonora el estado con el índice más alto, 48 por ciento, y Chiapas el más bajo, con 27 por ciento.

Más adelante, Mónica Arriola Gordillo (Nueva Alianza) señaló que es necesario reconstruir roles y percepciones de hombres ymujeres para eliminar la violencia a través de la educación y el ejemplo. Llamó a crear leyes para que sean la educación, la cultura y todas las normas de convivencia el centro de una revolución diaria de paz.

Agregó que en los últimos seis meses más de seis mil niñas y mujeres han sido asesinadas en México; 70 por ciento de los crímenes son cometidos por gente cercana a ellas y 90 por ciento de los delitos no termina con la consignación del culpable.

Las entidades más afectadas por homicidio doloso y violación de mujeres son: Estado de México, Oaxaca, Guerrero y Chihuahua y existen 278 municipios con índices de asesinatos de mujeres superiores a los de Ciudad Juárez.

A su vez, Aída Marina Arvizu Rivas (PASC) afirmó que no es posible hablar de democracia “cuando muchas mujeres tienen la bota de su pareja puesta en el cuello”, por lo que llamó a los legisladores para aprobar las iniciativas que se presenten para favorecer la condición social de las mujeres.

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