Para que los servidores públicos puedan ser sometidos de manera obligatoria a pruebas antidoping, a fin de evitar que ejerzan sus funciones
bajo el influjo de algún narcótico, alcohol, droga enervante, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, la diputada Mónica Arriola Gordillo (PNA) presentó una iniciativa de reformas a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

Subrayó que de acuerdo al informe del Sistema Integral de Evaluación y Desempeño de Personal Sustantivo (SIED) de la Procuraduría General de la República, de los 6 mil 750 funcionarios que integran el personal sustantivo de esa dependencia: agentes del Ministerio Público, de la Policía Judicial Federal y peritos, hay un alto porcentaje que está afectado por esas circunstancias.

De acuerdo con los porcentajes establecidos en el reporte del SIED, mil 836 funcionarios de la PGR presentan problemas de alcoholismo, es decir la cuarta parte del personal sustantivo; mil 667 tienen altos niveles de estrés; mil 755 enfrentan hastío laboral y 202 tienen problemas sicológicos.

La legisladora señaló que no se puede seguir tolerando que desempeñen sus funciones servidores públicos en evidente estado de ebriedad o bajo el influjo de alguna droga. Advirtió que no bastan medidas provisionales u operativos temporales.

De ahí que el objetivo es implementar programas permanentes a través de las conocidas "pruebas antidoping", las cuales consisten en la toma de una muestra de sangre, orina, pelo, sudor o saliva, para conocer la presencia de alguna droga o alcohol en el cuerpo.

Reconoció que la adicción a las drogas y el alcohol están presentes en todas las clases sociales; nuestros servidores públicos federales no están exentos a esta problemática.

Afirmó que los ciudadanos tienen el derecho a estar plenamente seguros que aquellos por los que hemos votado, los que nos juzgan, los funcionarios, empleados y, en general, toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la administración pública federal o en el Distrito Federal, las realicen en uso pleno de sus facultades mentales.

“La alteración de las facultades mentales en el desempeño del servicio público puede traer consecuencias irreparables a la sociedad. Todos tenemos derecho a que se nos atienda de la mejor manera y bajo las mejores condiciones físicas y mentales de aquellos que nos gobiernan”.

Finalmente indicó que la iniciativa busca devolver a los ciudadanos la credibilidad en sus funcionarios e instituciones para un servicio público eficaz.

-- ooOoo --