De acuerdo con el Departamento de Estado de Estados Unidos, se estima que entre 800 mil y 900 mil personas son traficadas anualmente y México es uno de los lugares primordiales de tránsito en este mercado.

Ante este panorama, la diputada Ana María Ramírez Cerda (PVEM) presentó una iniciativa que reforma la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, el Código Federal de Procedimientos Penales y la expedición de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar las Conductas Delictivas que Conforman la Trata de Personas.

“Este problema requiere que se atienda de manera urgente, pues, a diferencia del tráfico de armas y de drogas, estamos hablando de personas que son tratadas como objetos y que, a través de engaño y coacción, son sometidas a diferentes tipos de explotación”, manifestó la diputada.

Ramírez Cerda señaló que el tráfico de personas es el tercer mayor negocio fronterizo, sin embargo, agregó, pronto ocupará el primer lugar por su amplia rentabilidad: “los traficantes ganan entre 4 mil y 50 mil dólares por persona, dependiendo del lugar de origen y el destino de la víctima”.

La incidencia del delito ha pasado de meros episodios aislados a convertirse en una de las principales preocupaciones de seguridad a nivel mundial, apunta la exposición de motivos; la respuesta frente al crecimiento de esta forma de criminalidad fue la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional, firmada en Palermo en el 2000, detalla la misma.

La legisladora del Verde Ecologista reconoce que, a pesar de que México es uno de los países que impulsan más su combate, es necesario “englobar” la legislación actual en la nueva ley que propone.

Añadió que el problema se agrava por la incidencia migratoria: “muchos inmigrantes ilegales se convierten en víctimas de los traficantes y son explotados durante su trayecto de la frontera sur con Guatemala hasta la colindante con Estados Unidos”.

Asimismo, consideró que los esfuerzos del gobierno mexicano son insuficientes de acuerdo a la magnitud del problema; según cálculos de la Organización de las Naciones Unidas este negocio recoge de 7 a 10 mil millones de dólares al año.

El nuevo marco jurídico, de acuerdo con la diputada, establecerá las bases para prevenir el delito y un programa de protección a las víctimas, a fin de garantizar una atención digna que incluya asistencia médica, psicológica y material.

De igual manera, de aprobarse, creará un comité interinstitucional que proveerá de alojamiento, información y asesoría legal a los afectados.

La iniciativa espera su dictamen en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de esta Cámara de Diputados.

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