La Red Nacional a Favor de los Juicios Orales presentó, ante integrantes de las comisiones de Puntos Constitucionales y de Justicia de la Cámara de Diputados, un proyecto de reforma constitucional para promover esta modalidad de procesos.

La reforma contempla la implementación de juicios orales, una administración judicial más expedita, procesos penales participativos y mecanismos de descongestión procesal; esto para construir un sistema transparente, accesible, ágil, moderno, eficiente y humano que cuente con una plataforma común de organización del sistema de justicia penal.

El presidente de la Junta de Coordinación Política, Emilio Gamboa Patrón (PRI), indicó que hoy en día México requiere de un sistema judicial vanguardista, ágil, transparente, que aproveche las nuevas tecnologías e incentive una cultura de la legalidad en la sociedad.

Lo anterior, explicó, debido a que el 42 por ciento de las personas que se encuentran en las cárceles no han recibido, hasta hoy, sentencia condenatoria, lo que satura el sistema penitenciario; además de que “el crimen organizado ha rebasado no sólo las estrategias de seguridad, sino las instancias legales, la justicia y el fortalecimiento de las instituciones”.

Destacan entre las propuestas que entregó la Red Nacional de Juicios Orales las siguientes:

Precisar las características del proceso penal para cumplir con las finalidades sociales que persigue; establecer estándares mínimos reconocidos internacionalmente para un debido proceso; proporcionar más derechos y garantías a la víctima, a fin de defender sus intereses; limitar la facultad de los legisladores para crear delitos e imponer penas.

Establecer la obligación del Estado de indemnizar al imputado que haya sido procesado o juzgado indebidamente; incorporar la regla general de que, salvo excepciones puntuales, sólo los elementos de prueba rendidos ante el juez tendrán valor probatorio, siempre y cuando sean legalmente obtenidas.

Abrir la posibilidad de resolver los conflictos sociales derivados de delitos por vías distintas al proceso penal; establecer requisitos más exigentes para imponer la medida de prisión preventiva y utilizar los recursos del Estado de manera más eficiente.

Gamboa Patrón aseveró que la sociedad, y en este caso la red nacional, tiene que estar segura de que tendrán respuesta con hechos en la LX Legislatura.

El proyecto de reforma está avalado por académicos de la Facultad de Derecho y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, del Instituto Tecnológico Autónomo de México y del Centro de Investigación y Docencia Económica.

Además cuenta con el respaldo de representantes de más de 60 organizaciones y 17 estados, así como del Grupo Reforma, Fundación Azteca, el Consejo de la Comunicación, Coparmex, CIDAC e INACIPE.

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