El presidente de la Comisión de la Función Pública, Benjamín González Roaro, indicó que él y los ocho coordinadores parlamentarios apoyan la iniciativa que reforma el artículo sexto constitucional, la cual tiene el objetivo de garantizar el acceso a la información y la transparencia en los tres niveles de gobierno.

Con la reforma, dijo, se fijarían las bases mínimas que tendrían que acatar todos los estados para que el derecho a la información se generalice; además no sólo abarcaría entidades públicas, sino también a partidos políticos, organizaciones autónomas, poderes públicos, instituciones y organizaciones que reciben recursos públicos.

En el marco del Seminario transparencia, acceso a la información pública y democracia, que se lleva a cabo en el Palacio Legislativo de San Lázaro, González Roaro señaló que es necesario elevar a rango constitucional el derecho al acceso a la información para obligar a las entidades públicas federales, dependencias y paraestatales a entregar información cuando se les solicite por particulares.

Los objetivos que persigue la iniciativa, que presentó ayer el gobernador de Chihuahua, José Reyes Baeza, a la Junta de Coordinación política, y que tienen el respaldo de sus homólogos de Aguascalientes, Distrito Federal, Veracruz y Zacatecas, son los siguientes:

Máxima publicidad sujeta a excepciones por causa de interés público; acceso a la información de todos los órganos del Estado y partidos políticos; sanciones administrativas para servidores públicos; obligación de proporcionar datos sobre actividades de los gobiernos e instituciones, así como la obligación de que las dependencias archiven documentos confiables que estén en constante actualización.

González Roaro explicó que el último enunciado del artículo sexto constitucional dice: “el Estado garantizará el derecho a la información”, pero no señala cómo hacerlo o cuáles son las instituciones donde los ciudadanos puedan reclamar cuando algún funcionario no quiera entregar los datos, acotó.

“Otro problema es que algunos estados tienen sus propias leyes, pero son dispares; no tienen un soporte que permita que los ciudadanos ejerzan su derecho ni prevén organismos ante quien recurrir si no se les entrega la información; por esa razón impulsamos esta reforma al artículo sexto”, manifestó.

El Auditor Superior de la Federación, Arturo González de Aragón, aseguró que este tipo de foros son de gran importancia para la transparencia, “creo que una de las grandes responsabilidades de todos los funcionarios que tenemos injerencia en esta materia es hacer que trascienda la transparencia y la rendición de cuentas; en mi caso en la fiscalización”.

Asimismo, aplaudió el esfuerzo de la Cámara de Diputados en la organización de estos eventos, pues expresó que ayudan a arraigar una cultura de transparencia y rendición de cuentas en México.

La gobernadora del Estado de Zacatecas, Amalia García Medina, quien participó como ponente en el Seminario, organizado por la Comisión de la Función Pública, comentó que la reforma al artículo sexto es necesaria si se quiere llegar a una verdadera transparencia en el gobierno.

Recalcó que desde hace año y medio hay una Ley de Transparencia y Acceso a la información que aplica Zacatecas, pero que las legislaciones de los demás estados en la materia deben ser homogéneas, “por eso debe quedar establecido en la Constitución”, anotó.

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