El diputado Ariel Castillo Nájera, del grupo parlamentario de Nueva Alianza, presentó ante el pleno una iniciativa que abroga la Ley del Impuesto sobre Tenencia y Uso de Vehículos, bajo el argumento de que el cobro del gravamen no es muy representativo para los ingresos federales: sólo incorpora el 1.6 por ciento de la recaudación.

Castillo Nájera adujo que, en cambio, sí representa un alto costo para los contribuyentes: “lo único que logramos con la obligatoriedad de recabar este impuesto, es que la mayoría de las personas no tengan acceso a la compra de un vehículo nuevo; cada día circulan más automóviles viejos que gastan grandes cantidades de combustible y contribuyen a la contaminación”.

Este impuesto se creó en la década de los 60 con la finalidad de sufragar los gastos que el Gobierno iba a realizar por haber sido México designado sede de los Juegos Olímpicos de 1968. “A pesar de los reclamos sociales y de que dicho impuesto duraría tan sólo dos años, continúa cobrándose hasta el día de hoy”, opina el diputado.

Dicha ley ha sufrido modificaciones en cuanto a la actualización de los factores y la forma de pago del impuesto, no obstante, no se han contemplado beneficios para el contribuyente, asegura lo publicado en la Gaceta Parlamentaria.

Se ejemplifica con los años 2003 y 2004, cuando se estableció que el pago de la tenencia se calcularía tomando en cuenta el valor total del automóvil, incluyendo impuestos inherentes, lo que generó inconformidad entre algunos contribuyentes, que promovieron amparos para no pagarla.

“Algunos de los problemas más frecuentes que se presentan en México es el de la doble tributación y el de poner un impuesto sobre otra u otras contribuciones, como acontece con el gravamen de tenencia, lo que sin duda conculca la seguridad jurídica que debe imperar en materia tributaria”, abunda la exposición de motivos.

La iniciativa del diputado coincide con otra del senador José Luis Lobato Campos (Convergencia), que fue remitida a la Cámara de Diputados por disposición de la Mesa Directiva de la Cámara Alta.

Ambas fueron turnadas a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para su dictamen, durante la sesión del jueves 14 de diciembre de 2006.

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