La Cámara de Diputados aprobó en el Presupuesto de Egresos de 2007 un monto de 50 millones de pesos para establecer un programa de evaluación y monitoreo de las políticas, programas, desempeño y eficiencia del Sistema Nacional de Seguridad Pública y los cuerpos policiacos en México.

La medida, que busca valorar el trabajo de las instituciones de seguridad pública, a través de una evaluación objetiva de su actividad, fue propuesta por el grupo parlamentario de Convergencia y su principal impulsora, la diputada Layda Elena Sansores San Román.

Los recursos destinados a este programa seríanadministrados por la Auditoría Superior de la Federación y los resultados obtenidos de la evaluación se darían a conocer a la sociedad, propuso Convergencia.

En razón de lo anterior y para complementar la medida, Layda Sansores propuso adicionar los artículos 40 Bis y 45 Bis a la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

La adición del artículo 40 Bis permitiría que la Auditoría Superior de la Federación, con apoyo de instituciones académicas y organismos no gubernamentales, aplique la evaluación del desempeño del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a través de la evaluación y monitoreo de sus programas y acciones.

Con la adición del artículo 45 Bis, toda información relativa a la estadística de seguridad pública quedaría exenta del principio de confidencialidad, establecido en los artículos 44 y 45 de la citada ley y la Auditoría la tendría que hacerla de dominio público a través de una página de internet.

El motivo que sustenta la iniciativa es que la delincuencia ha rebasado los esquemas tradicionales de control en los tres niveles de gobierno en virtud que no existe programa que contenga los mecanismos necesarios para evaluar el desempeño.

Asimismo, el presupuesto de Seguridad Pública crece cada año sin que se conozcan resultados concretos y los índices delictivosvan en aumento, acotó la diputada Sansores.

Por ello es que gran parte del gasto en seguridad se destina a recursos humanos y equipamiento (policías, patrullas, armas, sistemas de comunicación) pero no en medir la eficacia y eficiencia de los programas.

Layda Sansores dijo que el gasto no ha reducido el problema y que los índices oficiales de incidencia delictiva se han mantenido estables de 1998 a la fecha; “no se conoce la distribución de recursos en virtud de que ni las entidades federativas, ni las instituciones federales reportan su manejo”.

En cuanto a las estadísticas, la legisladora indicó que fuera de algunos esfuerzos aislados, como el del Gobierno del Distrito Federal, no aparecen en ningún lado y que se obtiene mejor información sobre delincuencia en sitios web de organismos no gubernamentales.

Toda vez que es necesario garantizar la fiscalización y rendición de cuentas, la diputada propuso ejes que debería seguir el Sistema Nacional de Seguridad Pública:

Evaluaciones de la operación y financiamiento de las instituciones; de la solvencia e integridad moral de los integrantes en esas instituciones y de la eficiencia en el combate a la inseguridad.

-- ooOoo --