La diputada priista Lourdes Quiñones Canales, a través de reformas a los artículos 78 y 80 del Código de Comercio, propone que se castigue judicialmente a todas aquellas empresas que realizan cobros indebidos sobre servicios o productos que el usuario no solicitó de manear expresa y lo presionan a que los pague con el pretexto de enviar su nombre a la lista del buró de crédito.

Precisó que esta reforma plantea que en el caso de las convenciones de tipo mercantil, las cuales se refieren a lacontratación de un servicio, éstas se hagan de manera expresa y donde se señale claramente que el consumidor acepta adquirirlo, así como el tiempo y el costo exacto.

Abundó que si con elpaso del tiempo a ese servicio se le pretendiera agregar otro o modificar las condiciones primarias del contrato, será indispensable contarcon el consentimiento expreso del cliente; de no ser así, éste quedará exento de cualquier obligación frente a la empresa otorgante.

Resaltó que con la propuesta se pretende castigar conforme a la legislación penal vigente al que incurra en el delito de fraude, es decir, a empresas que hagan cobros indebidos a clientes que no los solicitaron de manera expresa y que, además, presionen en afectar el historial crediticio de las personas.

Se sancionaría también a empresas que cobran seguros de vida no solicitados y cuya póliza ni siquiera llegó a los usuarios; así como a las instituciones bancarias que imponen tarjetas crediticias nunca solicitadas, recibidas, ni utilizadas, manifestó.

La legisladora indicó que es necesario sancionar a los complejos corporativos queimponen el pago de canales extras de televisión o un servicio adicional en Internet, que en principio ofrecieron de manera gratuita y que, sin previo aviso, ni el consentimiento del cliente, ya tienen otro costo.

Expuso que cuando se intenta hacer una aclaración con la empresa respectiva, la situación se agudiza, se remite al cliente a determinado número telefónico y después de una hora más es posible hablar con un asesor, quien lo mantendrá en línea cuando menos otros 20 minutos.

Añadió que después de repetir este procedimiento al menos dos veces más, por fin se cancela el servicio y se libera al interesado de realizar el pago.

Destacó que existe también la posibilidad de que nunca se solucionen las controversias entre grandes empresas y los ciudadanos y que éstos terminen pagando un servicio que no solicitaron y queprobablemente tampoco utilizaron.

Señaló que ello ante la necesidad de evitarse mayores problemas, por carecer de tiempo para acudir personalmente a las oficinas de la compañía, o bien por no estar dispuestos a perder tres o cuatro horas en hablar telefónicamente para hacer las aclaraciones pertinentes.

Comentó que otra opción es que el cliente se niegue a pagar o perder el tiempo en complejos trámites, por lo que harto de aclaraciones decide no hacer caso a ningún aviso de cobro; esto le traerá como consecuencia escritos y llamadas amenazantes, en el sentido de que si no paga se procederá al embargo, por parte de los despachos dedicados a la cobranza y, por supuesto, un antecedente negativo en el buró de crédito.

La diputada Quiñones Canalesafirmó que la cultura del fraude, del robo y del abuso disfrazados de servicios ha permeado ya entre los miembros de la sociedad.

De ahí, dijo, la importanciade una norma jurídica que por sí misma evite que se susciten este tipo de controversias.

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