Al comparecer ante la Comisión de Economía para exponer las políticas públicas aplicadas para contener el alza del precio de la tortilla, el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, Antonio Morales de la Peña, afirmó que éste se ha estabilizado a 8.50 en la mayor parte del país, sin embargo, resaltó que ahora la queja es en torno a kilos incompletos.

Indicó que a través del teléfono del consumidor, la Profeco ha recibido 9 mil 496 denuncias en contra de tortilleros que están alterando las básculas, además de que no exhiben los precios al consumidor o incrementan el costo de manera injustificada.

Destacó que el levantamiento del precio de la tortilla se realiza diariamente en tortillerías y supermercados de 27 ciudades del país en las que opera el programa Quién es Quién en los precios de la Tortilla.

Detalló que en caso de existan infracciones en la comercialización de los productos de consumo básico como los alimentos, la sanción podría ir hasta los dos millones 973 mil pesos.

Durante la reunión, el diputado panista Ricardo Rodríguez Jiménez cuestionó al procurador sobre los resultados que espera obtener la dependencia a su cargo en las investigaciones de los casos de acaparamiento de maíz, como sucedió en el estado de Jalisco.

En tanto que Antonio Berber Martínez, del mismo partido, reconoció que las acciones adoptadas por la Profeco han sido claras e inmediatas para atacar el problema que afecta a millones de familias, sin embargo, reconoció que se deben de tomar acciones de fondo para erradicarlo.

Comentó que antes de cargarle la mano a la Profeco, con peticiones que no puede atender porque no tiene las facultades para ello, primero se debe revisar la ley y hacer las modificaciones suficientes para ampliar sus alcances y posibilidades.

A su vez, el diputado del PRD, Salvador Ruiz Sánchez, criticó a Morales de la Peña por no haber actuado a tiempo y resolver el aumento a los precios de productos básicos, pues hace más de un año la Profeco sabía que se incrementarían.

Siendo una de sus obligaciones orientar a la industria del comercio en la necesidad de proteger al consumidor, dijo, la procuraduría debería emprender denuncias penales contra los responsables, “pero no hemos visto interés alguno para hacerlo”.

En tanto, el diputado Arnulfo Elías Cordero Alfonso (PRI) preguntó al Procurador ¿quién certificará la llegada del grano del exterior en calidad nutricional y manejo adecuado? y ¿quiénes garantizarán que sea para el sector más necesitado con precios justos?

Cordero Alfonso comentó que no es coherente que por una parte, en 2006 México haya exportado 500 mil toneladas de grano hacia Sudáfrica y por otra hubiera importado 1.4 millones de toneladas, por lo que pidió que se investigue este asunto.

El diputado Jorge Godoy Cárdenas (Convergencia) cuestionó al Procurador sobre lo que pasará con la gente después del uno de abril, día que termina el pacto para mantener el precio de la tortilla.

Asimismo, preguntó si la Profeco endurecerá sus medidas de supervisión para documentar posibles casos de acaparamiento. También solicitó información sobre qué medidas, que no sean a corto plazo, tomará la Profeco para cumplir con su función de proteger al consumidor.

Ante el cuestionamiento de los legisladores, Morales de la Peña dijo que las medidas tomadas por la Procuraduría Federal del Consumidor frenaron la tendencia a la alza de la tortilla, ya que si bien durante la primera quincena de enero se llegaron a tener reportes de 18 pesos por kilo, al 13 de febrero en 20 ciudades el precio no rebasó los 8.50.

Recordó que el pasado 10 de enero la Comisión Permanente exhortó al Ejecutivo Federal a establecer programas que estabilizaran los precios de los granos y proteger la economía familiar, implementando mecanismos provisionales además de impedir el acaparamiento y las prácticas monopólicas.

Informó que a la fecha se han realizado 5 mil 93 visitas de verificación a tortillerías, donde se detectaron prácticas comerciales abusivas en 593 establecimientos, tales como la no exhibición del precio, el incremento injustificado y la entrega de kilogramos con faltantes mediante la manipulación de básculas.

“Para evitar el daño a los consumidores provocado por estas prácticas y con estricto apego a derecho, se aplicaron medidas precautorias consistentes en inmovilización de básculas, colocación de sellos de advertencia y suspensión de comercialización en los establecimientos infractores”, dijo.

Destacó que la Profeco instrumentó un programa nacional para vigilar que no hubiera conductas o prácticas comerciales desleales, coercitivas o abusivas y se enfocó principalmente en los estados de Baja California, Chihuahua, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Veracruz.

En este sentido, añadió, se realizaron 261 visitas de verificación, emplazando a procedimiento administrativo a 119 almacenes, bodegas de acopio y silos comercializadores del grano al mayoreo.

Indicó que el resultado de estas visitas hizo posible que el pasado 17 de enero se presentara denuncia penal en contra de quien o quienes resulten responsables por las conductas de acaparamiento.

Se trata de un delito en contra el consumo y la riqueza nacionales, previsto y sancionado por el Código Penal Federal, con pena de prisión de tres a 10 años.

El 22 de enero, subrayó, se ratificó la denuncia ante el Ministerio Público de la Federación y al día de hoy se han presentado a través de diversas comparecencias ante la PGR, 24 actas de verificación respecto de actuaciones practicadas a distintos centros de acopio y almacenamiento de maíz, ubicados en los centros de Jalisco, Michoacán, Hidalgo, Sinaloa y Tamaulipas.

“Como resultado de la denuncia, el 6 de febrero la PGR aseguró precautoriamente 118 mil 730 toneladas de maíz en Jalisco y decretó el aseguramiento en virtud de que se constató la negativa de venta de dicho producto a personas sin que se justificara documentalmente la negativa. Asimismo, se constató la misma cantidad de maíz almacenado o cantidades superiores en establecimientos donde se practicó una segunda visita”.

Concluyó que será el Ministerio Público Federal quien determine si existen los elementos para consignar a los responsables.

Por otra parte, planteó que el uno de abril, cuando termine el pacto para mantener el precio de la tortilla, éste podría ratificarse o se podrían suscribir nuevos acuerdos, pero que todo depende del resultado que haya para esa fecha.

En una segunda ronda de preguntas y respuestas, el diputado Joaquín Vela González, del PT, pidió que en lugar de cerrar pequeñas tortillerías se actúe en contra de los grandes acaparadores; además consideró que no se debe permitir que los supermercados utilicen el precio de la tortilla para conseguir más clientes.

El perredista Víctor Varela López criticó el hecho de que la Profeco suscribiera el pacto para estabilizar el precio de la tortilla, pues, consideró, se legitimó un aumento producto de la especulación.

Carlos Armando Reyes, del PAN, reconoció que, gracias al acuerdo de estabilización, el precio de la tortilla ha ido disminuyendo; se pronunció porque la Profeco continúe con sus trabajos de protección al consumidor en este mercado.

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