La Comisión de Energía analiza una iniciativa presentada por el grupo parlamentario del PRI para derogar la actual ley orgánica de Pemex y expedir una nueva que incentive su operación con criterios empresariales y garantice además la oferta de energéticos.

Señala que es urgente perfeccionar el modelo vigente de la industria petrolera para convertirla en un eslabón esencial de las cadenas productivas y en un verdadero motor del desarrollo económico y regional.

La iniciativa explica que en las últimas décadas la política energética ha sido afectada por los recortes presupuestales, dañando las inversiones en perjuicio de la expansión y modernización del sector.

“En adición, se ha implantado una política fiscal confiscatoria que ha empeorado la situación de los organismos del sector energético, y en particular, de Pemex”.

Esta situación, menciona la propuesta, ha resultado en la disminución de las reservas de hidrocarburos y en una falta de mantenimiento y conservación de la infraestructura, lo que ha derivado en siniestros con graves consecuencias para el medio ambiente y en un riesgo latente para las finanzas públicas ante la declinación de Cantarell, el yacimiento de mayor producción.

Menciona que antes de la crisis de los ochenta y noventa, los ingresos que Pemex obtenía por concepto de venta de combustibles y petroquímicos eran suficientes para cubrir sus costos de operación; asimismo, se le autorizaba contratar deuda para efectuar inversiones que expandieran la infraestructura, aumentando la capacidad de producción.

Sin embargo, a raíz de la crisis de 1994, se suprimieron prácticamente todas las inversiones de Pemex y el 100 por ciento de sus ingresos por concepto de exportación se destinaron al gasto público.

Desde entonces, menciona, el control que ha ejercido la SHCP sobre Pemex se ha reflejado en una menor productividad, especialmente en materia de combustibles, gas natural, petroquímicos y en una disminución de la vida de las reservas.

“Por esta razón, los funcionarios responsables de Pemex han manifestado que el control que ejerce el Ejecutivo Federal así como el que la Cámara de Diputados ejerce a través del Decreto del PEF, están impidiendo una operación eficiente de los organismos”.

Destaca que a pesar de que en los últimos años se han planteado propuestas para otorgar mayor "autonomía presupuestaria",de aprobarse esto podría debilitar la disciplina fiscal que tanto le ha costado al país.

Y es que menciona que dichas propuestas giran en torno a no incluir a Pemex en el Presupuesto de Egresos de la Federación ni en la Ley de Ingresos para que pueda operar realmente como "empresa".

“Pero hacerlo significa que el organismo ya no tendría que observar la normatividad del gasto público que se aplica a todas las dependencias y entidades federales y se estaría fragmentando la unidad del Estado mexicano pues el presupuesto del organismo se saldría del control tanto del Congreso como del Poder Ejecutivo, dejando de ser una herramienta del desarrollo nacional”.

Añade que al examinar las normas que dificultan la operación de Pemex se concluye que el organismo está "sobre-regulado" en materia fiscal y administrativa, en tanto que en materia petrolera está "sub-regulado" ya que la Secretaría de Energía y la Comisión Reguladora de Energía no tienen atribuciones suficientes ni infraestructura e instrumentos adecuados para reglamentar y supervisar las operaciones y las actividades productivas del organismo.

La iniciativa sugiere que lo que Pemex y sus organismos necesitan es una reforma corporativa para que las normas y reglas jurídicas que lo rigen, equilibren el ámbito fiscal y financiero con el operativo–productivo, y no simplemente una "autonomía presupuestaria".

En este sentido, propone preservar sólo para los organismos de Pemex la ejecución de actividades estratégicas, conforme al texto constitucional.

En tanto, las actividades no reservadas en forma exclusiva a la Nación, como es el caso de la petroquímica, la investigación, desarrollo y comercialización de crudo y petrolíferos, podrán llevarse a cabo por medio de alianzas estratégicas o de empresas subsidiarias o filiales, cuya constitución o establecimiento deberá ser autorizada por los Consejos de Administración de los organismos y el Consejo de Administración de Pemex, al igual que su liquidación, enajenación o fusión.

Concluye que es necesario regularizar dos instancias que actualmente operan en Pemex y cuyo mandato y atribuciones no está normado en ningún instrumento legal: el Instituto Mexicano del Petróleo y PMI comercio Internacional, que es el brazo comercial de la empresa paraestatal.

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